En su calificación de las enmiendas, la Mesa admitió los vetos del Gobierno a las enmiendas 118 (adición al artículo 61 bis. Contribución financiera del Estado para infraestructuras de recarga y la renovación de flotas, que supondría 310 millones de euros) y 148 (adición de una Disposición Transitoria sobre compensación a contratistas por el transporte de bicicletas que supondría 4,6 millones anuales). El resto de enmiendas han sido calificadas.

Precisamente este martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, denunció que el Senado no había enviado aún esas enmiendas, a pesar de la previsión de la Cámara Baja de votarlas el jueves.

Según informaron desde la Mesa del Congreso, los vetos admitidos se encuentran "completamente fundamentados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida entre otras en las Sentencias 167/2023 y 135/2025".

Así, argumentan que la doctrina del Tribunal Constitucional "deja meridianamente claro que el Gobierno no pierde la facultad de vetar enmiendas o proposiciones de ley por el hecho de que los presupuestos en vigor se encuentren prorrogados".

La Mesa del Congreso asegura que debe "cumplir con la Constitución en su literalidad" y el artículo 134.6 dice que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Por su parte, el artículo 90.2 califica como “enmiendas” las modificaciones del texto introducidas por el Senado. Por lo tanto, "están sujetas al veto del Gobierno como cualquier otra enmienda hasta el mismo momento en el que la ley llega al BOE".

"En definitiva, el veto del Gobierno está bien fundamentado, es respetuoso con la doctrina del Tribunal Constitucional y con la propia Constitución, y debe ser admitido a trámite", concluyen desde la Mesa del Congreso.