Así lo dijo en su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, en la que también incidió en que la prioridad nacional supone “un paso más” en la “estigmatización” de las personas migrantes.

Cancela mostró el rechazo frontal del Gobierno a los acuerdos entre el PP y Vox “al amparo de este nuevo concepto” al considerar que “vulnera las normas básicas de convivencia y el derecho constitucional”.

En este sentido, la secretaria de Estado de Migraciones recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado recientemente en una sentencia que el derecho de la Unión Europea no contempla el tiempo de estancia (arraigo) en un territorio como un criterio para poder conceder prestaciones sociales.

Asimismo, Cancela denunció una instrumentalización electoral de la migración por parte de los partidos de la derecha política: “se trata más bien de una carrera por la competición electoral, más que objetivos para gestionar desde una perspectiva de seguridad, de respeto, de dignidad de la realidad migratoria”.

Igualmente, la secretaria de Estado de Migraciones alertó del incremento de los discursos de odio dirigidos a la población migrante, así como del racismo y la xenofobia, e insistió en rechazar el vínculo entre inmigración y delincuencia.

Además, defendió que la regularización extraordinaria de migrantes está desarrollándose con normalidad y que no genera “efecto llamada”. Al mismo tiempo, defendió la doble vía de la política migratoria del Gobierno, que es con “migración regular, segura y ordenada” y “cooperación” con los países de origen de las personas.

Cancela también destacó que los flujos migratorios han “descendido de manera notable en el último año y medio”. En concreto, dijo que hay casi un 45% menos de llegadas irregulares a España, sosteniendo que se ha pasado de “64.000 llegadas de este tipo en 2024 a 36.700 en 2025”. Este descenso “se sigue manteniendo en estos primeros meses del año 2026”.

Cancela reconoció que ha habido un aumento en la “ruta argelina” de migrantes hacia las Islas Baleares, donde se incrementaron las llegadas irregulares “de 5.900 en 2024 a 7.300 en 2026”.

De esta forma, Cancela subrayó que la migración irregular no es el fenómeno central en la cuestión migratoria y defendió que el sistema migratorio está funcionando. También criticó los enfoques alarmistas de los partidos de la derecha sobre la migración, asegurando que el debate migratorio está “plagado de inexactitudes, de verdades a medias y bulos”.

“IRREGULARIDAD, PREMIO”

Por su parte, el diputado Vox David García cargó contra la política migratoria del Gobierno y la regularización de migrantes, defendiendo que “España tiene derecho a decidir quién entra, permanece y en qué condiciones” y criticando que el Ejecutivo haya “premiado la ilegalidad” con medidas que considera injustas para los españoles.

García dijo que la inmigración masiva está generando presión sobre salarios, servicios públicos y vivienda, y advirtió de que “una regularización masiva no es un trámite administrativo, es una decisión puramente política y profundamente injusta”. Además, rechazó que la inmigración sostenga el sistema, al asegurar que “las pensiones no se pagan así”, y reclamó un giro hacia políticas de “fronteras seguras” y mayor control migratorio.

En esta línea, el diputdo PP José Vicente Marí cargó contra la política migratoria del Gobierno y la regularización, que calificó como el “epílogo de una política fracasada”, al creer que genera más irregularidad, presión social y efecto llamada. Acusó al Gobierno de trasladar que “la irregularidad tiene premio” y cree que la regularización es “un completo despropósito” que ha agravado el problema migratorio en España.

En su caso, el diputado Junts Josep Maria Cervera criticó que esta regularización no tiene consenso político y que el Ejecutivo la impulsó “por la puerta de atrás”. También advirtió de la presión sobre los servicios públicos, diciendo que el debate no es si hay inmigración sino “cómo, quién decide y quién gestiona”, pidiendo competencias para Cataluña.

En cambio, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal y el de ERC Jordi Galvador respaldaron la regularización, pero pidieron mejoras en su aplicación y más planificación. ERC advirtió de un riesgo de colapso administrativo que dificulte el acceso real de los solicitantes y el PNV criticó la falta de coordinación con administraciones locales para este proceso y apeló a una política migratoria “más estructural y planificada” a largo plazo.

Asimismo, los diputados de Sumar y PSOE, Vicenç Vidal y Luc Andre Diouf, respectivamente, apoyaron el proceso y subrayaron su impacto socioeconómico, al “aportar dignidad y derechos”, frente a discursos “basados en el miedo”. No obstante, Sumar pidió mejoras en la gestión (más recursos, información y coordinación institucional) para que el proceso “sea un éxito” y no deje a nadie fuera que cumpla los requisitos.