Así lo precisaron fuentes del gabinete de Elma Saiz después de que loa Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) haya dictado sendas providencias en los recursos interpuestos por la Comunidad Autónoma de Valencia y por la de Aragón en contra de la regularización de inmigrantes en las que abre la puerta a la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial al TJUE.

Las mismas fuentes recordaron que el pasado mes de mayo el Alto Tribunal ya desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que, a juicio del ministerio, 2ha seguido desarrollándose con total normalidad”.

Asimismo, hicieron hincapié en que el plazo para que el ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio.

En este contexto, el departamento de Saiz trabaja “en coordinación” con la Abogacía del Estado para “aclarar las cuestiones planteadas”.

“Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva está cuestión prejudicial al TJUE”, abundaron dichas fuentes, al tiempo que indicaron que, en caso de elevarse, esta cuestión prejudicial interpretativa serviría para “resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión”.

Por último, las mismas fuentes aseveraron que el Ministerio traslada a los solicitantes “un mensaje de tranquilidad” y subraya que la norma “se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”.

“No obstante, recordamos que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, resolvieron.