Así lo dijo en su intervención en el espacio ‘Política migratoria actual’ dentro del I Congreso de Extranjería del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) que se celebra en Madrid este jueves y viernes.

Además, defendió que la política migratoria europea debe preservar el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales y advirtió de que la perspectiva securitaria no puede "anular o debilitar" la protección de las personas migrantes.

Asimismo, reivindicó que la política migratoria de España tiene perspectiva de derechos humanos “ante todo y por encima de todo". Así, dijo que “no es incompatible en absoluto con apostar por una migración regular, segura y ordenada".

Respecto a las llegadas irregulares, destacó los resultados de la cooperación con países de origen y tránsito, especialmente en África occidental. Recordó que las entradas irregulares a Canarias han caído más de un 64% y en España han c¡descendido un 43%.

Cancela rechazó también las críticas sobre un supuesto "efecto llamada" de las políticas migratorias españolas y sostuvo que “el principal efecto llamada es la situación económica y social de crecimiento que tiene España". Finalmente, defendió la necesidad de acompañar la política migratoria con políticas de integración y ciudadanía, al tiempo que reivindicó la aportación económica de la inmigración.

Por otro lado, la jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Maria Jesús Herrera, también intervino en la jornada en el marco del congreso de Icogam y defendió que la regularización de migrantes no debe entenderse como una concesión, sino como un instrumento de orden, protección y seguridad jurídica. La irregularidad solo “beneficia a la red de trata, a los traficantes, a intermediarios abusivos, a la economía sumergida, la explotación laboral y a la desinformación y discursos del miedo", señaló.

En el marco europeo, destacó la contradicción entre la necesidad económica de la migración y el endurecimiento de las políticas migratorias. Sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en España el pasado 12 de junio e incluye refuerzos de fronteras, entre otras cosas, pidió evaluar su aplicación práctica y avisó de que solo será beneficioso, “si se aplica correctamente y con garantías”.

Además, Herrera aseveró que "Europa no puede permitirse elegir entre control o derechos como si fueran dos puntos separados". Respecto a España, la representante de la OIM recordó su doble condición histórica de país de emigración e inmigración.

Entre los principales retos en España identificó la necesidad de ajustar las necesidades reales del mercado laboral a vías de migración regular. Así pues, Herrera recordó que los trabajadores extranjeros ya representan más del 15% de los afiliados a la Seguridad Social y tienen un peso relevante en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción o los cuidados.

En este contexto, Herrera aseguró que la pregunta no debe ser “si España necesita inmigración, sino cómo la organiza". También valoró el nuevo plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, pero advirtió de que la integración requiere inversiones y políticas públicas eficaces en vivienda y servicios públicos. "Una sociedad no se integra solo porque lo diga la ley", recalcó.