Esta nueva línea está valorada en 165 millones de euros, 117 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y otros 48 millones de euros del fondo de reserva de crisis asignado por la Comisión Europea a España.

Según informa el ministerio en un comunicado, en atención a la demanda de muchos de los agricultores afectados que comunicaron tener daños en sus explotaciones, así como de los ayuntamientos y organizaciones agrarias, se permitirá que puedan reparar sus parcelas por sus propios medios o a través de proveedores o empresas de la zona.

La cuantía de la subvención se fija conforme a unas cantidades por hectárea en función de la intensidad de los daños en la zona en que se encuentren las parcelas afectadas, que van desde los 5.200 euros por hectárea hasta 9.900 euros por hectárea.

Para que las ayudas puedan llegar cuanto antes a sus destinatarios, se concederán de oficio, si bien, una vez que se publique la lista definitiva de beneficiarios, se abrirá un plazo de renuncia para aquellos que prefieran optar por esperar a la restauración de sus parcelas a través de la empresa Tragsa.

También habrá ayudas por daños en viveros, que compensarán el 60% del coste de los daños valorados por la empresa pública Tragsatec en cada uno de ellos. El importe se reducirá en caso de haberse percibido otras ayudas o pagos de pólizas de seguro, para no superar el 100% del coste evaluado del daño.

Los beneficiarios deberán presentar declaración responsable sobre otras ayudas y pagos recibidos y la aceptación expresa de la ayuda y el compromiso de que los fondos se destinarán a la explotación. En caso de no hacerlo, se entiende que renuncian a la ayuda y podrán acogerse, en su caso, a las medidas de recuperación del potencial productivo a través de Tragsa.

Asimismo, habrá ayudas para compensar por daños en parcelas gravemente afectadas por su proximidad a un cauce público.

El objetivo es compensar a los titulares de explotación con parcelas gravemente afectadas por su proximidad a un cauce público y que hayan perdido las condiciones de parcela agraria, por lo que son susceptibles de convertirse en dominio público hidráulico, conforme a los estudios realizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta ayuda ascenderá a 11.800 euros por hectárea afectada.

En las tres modalidades el cobro de la ayuda implica renunciar a la reparación de las explotaciones a través de la empresa pública Tragsa. Si se renuncia a la ayuda, Tragsa reparará las parcelas que han solicitado la intervención, pero sin garantizar el plazo. En el caso de las parcelas susceptibles de convertirse en dominio píublico hidráulico, las reparaciones solo se realizarán sobre la parte de la misma que conserve la condición de parcela agrícola. La consulta pública estará disponible hasta el próximo día 15 de abril.