La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy haya resuelto el recurso de alzada interpuesto ante él y de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas, según precisó este miércoles el ministerio en un comunicado.

La sanción de Consumo, ratificada por el ministro, establece que esta empresa ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves.

En concreto, la imposición al arrendatario de la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato así como la imposición al inquilino de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora.

También, la imposición al arrendatario de cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario; la imposición al inquilino de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.

Por último, la introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles y la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.

LEGISLACIÓN

En este contexto, Consumo subrayó que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Asimismo, indica que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido.

En concreto, una de las infracciones muy graves conlleva el pago de un millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros y, en total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.

La resolución implica, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica, como son obligar a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas y hacer pública la multa impuesta, la razón social de la persona jurídica responsable (ALQUILER SEGURO, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.

Consumo recordó que este expediente se puso en marcha en marzo de 2025 y se abrió otro por hechos “similares” cuya investigación sigue en marcha, después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de Facua-Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).