Así lo dijo durante su intervención en el I Congreso Nacional de Defensa de la Infancia, organizado en Valencia por la plataforma Notecalles.org -centrada en la prevención del abuso sexual y al acompañamiento de menores en situación de vulnerabilidad- y por la Fundación Edelvives.

Durante su intervención en el congreso, que tiene como objetivo abordar la prevención de la violencia, la detección temprana, la protección digital y el compromiso ético con los derechos de la infancia, De la Rosa señaló que la defensa de la infancia no es una cuestión sectorial ni puntual, sino una “prioridad estratégica para el Estado y una responsabilidad de toda la sociedad”.

En ese sentido, remarcó que el sistema educativo desempeña un papel esencial en esa tarea. “Los centros educativos constituyen una de las primeras redes de detección temprana ante situaciones de vulnerabilidad o violencia, sobre todo en la etapa de infantil”, argumentó, por lo que cree fundamental seguir reforzando la formación del profesorado en prevención, identificación de señales de alerta y actuación coordinada. “La protección no comienza cuando surge el problema, sino mucho antes, en la construcción de entornos seguros y culturas de buen trato”, añadió.

Sobre el impacto de la tecnología en la vida de los menores, De la Rosa señaló que la alfabetización digital crítica y el uso responsable de la tecnología deben seguir formando parte de la estrategia educativa. “Se trata de educar en la responsabilidad, el pensamiento crítico y la autoprotección”, continuó.

El secretario de Estado señaló que “resulta esencial para prevenir situaciones de riesgo y acompañar a quienes más lo necesitan”. “Iniciativas como este congreso contribuyen a visibilizar el problema y romper el silencio ante cualquier forma de violencia, así como a fortalecer una conciencia social basada en el buen trato y el respeto a los derechos de la infancia”, resaltó.

Abelardo de la Rosa destacó también que, en el ámbito de la protección a la infancia, se debe reforzar la equidad educativa, de manera que las dificultades económicas de las familias no sean un obstáculo para el acceso a una educación infantil de calidad.