Según explicó, "el Consejo Fiscal formula una propuesta de nombramiento y situación de servicios especiales del señor Moscoso, que es vocal del CGPJ, y el Ministerio de Justicia comunica al fiscal general del Estado que, en su opinión, no es un nombramiento que se pueda producir porque existe una prohibición en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un vocal del CGPJ no puede ser nombrado para cargo discrecionalen cuya decisión se tenga relevancia la valoración de méritos".

Jesus Caldera, secretario general del Grupo Socialista, calificó ese argumento de "débiles excusas jurídicas" y aseguró que "hay un trasfondo político mucho más importante".

El parlamentario socialista le recordó a la ministra que, con ocasión de una pregunta sobre el nombramiento de Fungairiño, ella había contestado que "el respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal obliga al Ejecutivo a reconocer las propuestas del fiscal genera del Estado. Las propuestas del Fiscal general del Estado siempre son aceptadas por el Gobierno".

Con ese argumento, acusó a la ministra de "sectarismo" y de "desviación de poder", ya que Moscoso también fue propuesto por el fiscal general del Estado y el Gobierno "no ha aceptado en esta ocasión".