Así lo indicó en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, en la que dio por hecho que empresas y otros actores afectados por las medidas destinadas a limitar la especulación podrán acudir a los tribunales.

“No tengo temor porque es un texto que ha estado trabajado con rigor. No me cabe duda de que sucederá”, afirmó Rodríguez, quien indicó que le preocupa más que administraciones autonómicas o partidos políticos recurran medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Como ejemplo, señaló las actuaciones desarrolladas por su Ministerio para detectar viviendas turísticas que operan sin la correspondiente autorización y aseguró que permitieron identificar unas 110.000 en España.

Rodríguez cargó en este punto contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por acudir a los tribunales para reivindicar las competencias autonómicas en esta materia. La ministra sostuvo que ahora corresponde al Ejecutivo andaluz actuar sobre las aproximadamente 20.000 viviendas turísticas que, según indicó, se encuentran en esta situación en Andalucía.

HABITACIONES

Preguntada por la regulación del alquiler por habitaciones incluida en el decreto, Rodríguez explicó que el Gobierno pretende extender a estos arrendatarios garantías de las que hasta ahora carecían al estar regulados principalmente por el Código Civil, frente a los derechos reconocidos a quienes alquilan una vivienda habitual.

La ministra señaló que la nueva regulación incorporará garantías relacionadas con cuestiones como las fianzas, las reparaciones y los precios y defendió que el objetivo es impedir que el alquiler por habitaciones se utilice para eludir las limitaciones aplicables a los arrendamientos residenciales.

Rodríguez reconoció, no obstante, que algunos aspectos necesitarán un posterior desarrollo reglamentario, entre ellos la forma de comprobar el cumplimiento de los límites sobre el precio conjunto de las habitaciones.

En materia de precios, cargó contra los gobiernos autonómicos del PP que se niegan a declarar zonas tensionadas y puso como ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez recordó que el decreto establece que, cuando un alquiler se encuentre por encima del índice estatal de referencia, no podrá actualizarse, independientemente de que la comunidad haya declarado o no la zona como tensionada.

BURBUJA

Preguntada por si observa una nueva burbuja inmobiliaria, Rodríguez rechazó equiparar la situación actual con la anterior crisis. Según explicó, entonces existía mucha oferta respecto a la demanda, mientras que actualmente España afronta el fenómeno contrario, con “alta demanda y muy baja oferta”.

La ministra aseguró que el Gobierno dispone de instrumentos para afrontar la actual “emergencia social” y “habitacional”, aunque admitió que será necesario aumentar el parque público y contar también con la participación de las comunidades autónomas y del sector privado para incrementar la oferta.

Ante el reproche de que el PSOE lleva ocho años en el Gobierno, Rodríguez recordó que la Ley de Vivienda no fue aprobada hasta 2023 y defendió los avances realizados desde entonces, como la creación de la empresa pública Casa 47, la recuperación de viviendas procedentes de la Sareb y la movilización de 5.000 millones de euros para políticas de rehabilitación y construcción.

Asimismo, rechazó que una mayor protección para los inquilinos implique necesariamente una retirada de viviendas del mercado. Recordó que cuando el Gobierno amplió de tres a cinco años la duración de los contratos de alquiler también se anticipó una caída de la oferta que, según defendió, no llegó a producirse.

Rodríguez señaló finalmente que las medidas regulatorias deben acompañarse de instrumentos para incrementar la construcción, entre los que citó la reducción del IVA al 4% para la vivienda protegida y el impulso a la construcción industrializada mediante financiación y avales públicos.