La comparecencia de España en el Senado se producirá un día después de fechas importantes en el calendario de los PGE 2027. El lunes, el Gobierno aprobará la actualización del cuadro macroeconómico que sirve de base para planificar las cuentas públicas.

Además, el lunes 29 también es la fecha límite para que los ministerios trasladen a Hacienda sus propuestas y necesidades presupuestarias para el próximo ejercicio, como estableció la orden ministerial publicada a comienzos de este mes.

En su comparecencia ante el Congreso, celebrada a comienzos de junio, España recalcó que la presentación de los presupuestos de 2027 es un “compromiso” del Ejecutivo y aseguró que la intención es que estas cuentas “nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias”.

Además, garantizó que la “prioridad absoluta” de los PGE 2027 sería la vivienda y el refuerzo del Estado del Bienestar, y serán compatibles con la responsabilidad fiscal y la reducción del déficit público, para acabar la legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB.

La elaboración y presentación de estos presupuestos llegan en un momento de tormenta política, con el Gobierno y el PSOE salpicados por casos de corrupción. A eso se suma la dificultad del Ejecutivo para cosechar apoyos en el Parlamento y, sobre todo, sin el respaldo de Junts, que mantiene su ruptura total con el Ejecutivo.

Pese a este escenario, España subrayó este viernes, en un encuentro en Valencia, que estos presupuestos no serán “para salvar un Gobierno”, sino que responderán “a lo que necesita la sociedad española”.

El ministro comparó la elaboración de los PGE 2027 con “subir el Tourmalet”, pero garantizó que es “apasionante y vale la pena”, y se comprometió a llevar las cuentas públicas al Congreso. Los presupuestos actuales son una prórroga de los de 2023, elaborados en 2022.

Antes de que el proyecto de ley de PGE 2027 llegue al Congreso, Hacienda deberá convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para trasladar a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

El Ejecutivo baraja citar a las comunidades en ese CPFF en julio, para llevar después el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria al Consejo de Ministros, previo informe del CPFF, para después remitirlo a las Cortes.

Los planes del Gobierno pasan por aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria en un Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Ya para otoño, el Ejecutivo espera tener atada la voluntad de la mayoría de las fuerzas parlamentarias posibles para que salgan adelante los presupuestos de 2027.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Gobierno también tiene pendiente la convocatoria de un CPFF para avanzar con las comunidades autónomas en el nuevo modelo de financiación autonómica. La exministra María Jesús Montero presentó a comienzos de enero este nuevo proyecto a las regiones, y se encontró con la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y las dudas de las del PSOE, salvo Cataluña.

España heredó esas negociaciones para sacar adelante la nueva financiación autonómica, pero la negativa del PP se mantuvo. Los populares reprochan al Gobierno que se trata de un sistema bilateral, ya que partió de un acuerdo con ERC, mientras que en el Gobierno garantizan su multilateralidad, ya que se aborda en un órgano como el CPFF, donde están representadas las comunidades, y debe pasar la aprobación del Congreso.

Por el momento, Hacienda solo ha conseguido reunirse con Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, las tres gobernadas por el PP, y también con Canarias (Coalición Canaria).

España, al igual que Montero, sostiene que el rechazo del PP responde a una orden de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y deja de lado las necesidades de las comunidades autónomas. El nuevo sistema contempla 20.975 millones de euros más para las comunidades autónomas de régimen común en 2027. En términos netos, Andalucía será la que más reciba, con 4.846 millones de euros, seguida de Cataluña, con 4.686 millones, y la Comunidad Valenciana, con 3.669 millones.

Hacienda también tiene pendiente avanzar en la condonación de la deuda autonómica, que implicaría una quita de 83.252 millones de euros para las autonomías de régimen común.