Tras la reunión del consejo, el ministro español mostró su satisfacción por la "gran responsabilidad" mostrada tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Ministros de la Unión para “dar una respuesta europea contundente y rápida” a las inquietudes y preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las manifestaciones que se han sucedido en las últimas semanas en distintos países europeos.

“Hoy somos más Europa”, declaró el ministro, porque “ante las dificultades expresadas por un sector esencial como el agrario, las instituciones comunitarias y los países miembros estamos firmemente comprometidos en trabajar con celeridad para dar respuestas rápidas a los agricultores y ganaderos”.

Los ministros acordaron este martes por mayoría cualificada remitir ya al Parlamento Europeo el texto con la propuesta de la reforma del reglamento de base de la PAC para acelerar el procedimiento y que pueda ser aprobado por el Parlamento antes de final de abril, con el objetivo de que se publique a la mayor prontitud en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

“Hoy era el momento de decidir”, subrayó Planas, que remarcó que el Consejo ha hecho lo necesario para acelerar el procedimiento para que “las principales medidas puedan aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024”.

El apoyo del Consejo de ministros resulta crucial, según Planas, porque “nuestros agricultores y ganaderos necesitan reglas claras y seguridad jurídica” en esta campaña 2024. Sobre todo, ha explicado el ministro, porque el sector se encuentra en un momento clave, ya que comienzan las siembras de primavera y está en plena campaña de presentación de solicitudes de la PAC, que finaliza el próximo 30 de abril.

El ministro aseguró que la propuesta de modificación de los actos de base de la PAC presentada por la Comisión el pasado 15 de marzo es “positiva, equilibrada y supone un avance significativo”.

España ha abogado por la aplicación retroactiva de los cambios, desde el 1 de enero de 2024, sobre todo en lo relativo a la condicionalidad. Se ha referido expresamente a las modificaciones de las normas de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) relativas a la cobertura mínima del suelo (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y la referida a las superficies no productivas (BCAM 8).

LEY DE CADENA

España acoge con satisfacción el cambio normativo sobre la Cadena Alimentaria y Prácticas Desleales que la Comisión quiere llevar a cabo. Planas valoró que vaya en línea con la ley española de cadena, en la que “adoptamos medidas incluso más exigentes” para garantizar que los productores reciban una remuneración digna por sus alimentos. También ha considerado “muy positivo” garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo, una de las demandas del sector y clave para un país como España, que exporta alimentos por valor de 70.000 millones anuales, de los que las dos terceras partes son dentro de la Unión Europea.

El ministro se congratuló por que en los planteamientos de la Comisión se vayan a considerar algunas medidas recogidas en la legislación española. Tanto una remuneración justa de los agricultores como la generación de valor deben estar integrados en la nueva normativa comunitaria para que su cumplimiento sea vinculante, en lugar de estar sujetos a la voluntariedad de un código de buenas prácticas o similares.