Según informó el Ministerio de Hacienda y Función Pública este viernes en una nota de prensa, los responsables de la Política de Cohesión de la UE y las instituciones europeas debatieron sobre el futuro de esta política más allá de 2027, una vez que finalice el Marco Financiero Plurianual actual, y mostraron su apuesta por dar mayor flexibilidad a esas políticas con el objetivo de hacer más eficaces los proyectos y reformas. Es lo que denominaron como ‘Política de Cohesión 2.0’.

Los responsables mantuvieron encuentros en el marco de la Reunión Informal de Ministros (RIM) celebrada en Murcia, en una reunión presidida por la secretaria de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, María José Gualda, y a la que también asistió el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. En la rueda de prensa posterior, la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, y la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, apuntaron esa necesidad de mayor flexibilidad. Caballero afirmó que “un solo traje no vale para todo el mundo” a la hora de diseñar la política de cohesión.

Los representantes de los Estados miembros en la RIM consideraron que la ‘Política de Cohesión 2.0’ debe poner en valor el enfoque de la gestión compartida y debe permitir mayor eficiencia en la utilización de recursos públicos. Para ello, consideraron importante reducir las cargas burocráticas permitiendo una mayor coordinación entre la gestión presupuestaria nacional y la gestión de fondos europeos, así como reducir las duplicidades en los sistemas de gestión y control.

Por ello, la Presidencia Española resaltó la necesidad de desarrollar y estudiar la aplicación del principio de “auditoría única”, como manera de encontrar un mínimo denominador común en los sistemas de control estatales y de la Unión. El objetivo último es garantizar “el control exhaustivo” de los fondos, al tiempo que se racionalizan las cargas burocráticas.

Además, los participantes reflexionaron sobre la necesidad de estudiar ampliar los indicadores en los que se basa el análisis de la política de cohesión, más allá del PIB, definir tasas de cofinanciación “más flexibles” y aplicar reformas específicas o inversiones concretas que “exceden el ámbito de una región”.

El debate sentó las bases para unas conclusiones, que esperan poder presentar ante el Consejo de Asuntos Generales del 30 de noviembre.