Así, responden a unas acusaciones que apuntaban a que el Ejecutivo español "está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan" las "libertades en internet". Un mensaje "masivo" que, según estas mismas fuentes, "vierte varias mentiras y ataques ilegítimos contra el Gobierno". "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país".

Al igual que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hizo esta mañana, tachan al fundador de Telegram de 'tecno-oligarca" que, si quiere, puede "inundar" los teléfonos móviles de "propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley".

En este sentido, estas fuentes recuerdan que los problemas en las redes sociales "no son un invento del Gobierno", sino una "preocupación generalizada de la ciudadanía". Y se apoyan en el último Eurobarómetro, señalando que el 95% de los españoles está preocupado por la desinformación y por los discursos de odio, y el 89%, por la concentración de poder en las grandes plataformas.

Muy críticos, recuerdan que "Dúrov está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves", y que la plataforma que fundó "ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control". "Ha diseñado deliberadamente una arquitectura de mínima moderación que ha convertido Telegram en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas", apuntan en esta línea de denuncia. Y añade que hay casos investigados en países como Francia, Corea del Sur o España. "No se trata de episodios aislados", insisten remarcando que estudios recientes "muestran la existencia de cientos de canales dedicados a actividades criminales con millones de usuarios". Así, vuelven a defender la "necesidad de una respuesta regulatoria y coordinada".

Al mismo tiempo, rebaten los "bulos" del mensaje, que, dicen, solo buscan "erosionar la confianza en nuestras instituciones". Así, ante la acusación de Dúrov de que la prohibición de acceso a menores de 16 años"establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos", Moncloa asegura que la medida "responde a una lógica de protección de menores, del mismo modo que se limita el acceso al alcohol o a la conducción para preservar su integridad".

Porque, insisten estas fuentes, "las plataformas digitales exponen a niños y adolescentes a riesgos graves y documentados", entre los que hacen referencia a "abusos sexuales digitales" y 'deepfakes' "pornográficos". Aquí, subrayan que no les sorprende que "Dúrov fuera imputado en Francia en 2024 por delitos vinculados a la difusión de este tipo de contenidos".

En lo que se refiere a la acusación de "sobrecensura" por la responsabilidad legal de los ejecutivos de las plataformas, desde Moncloa matizan que lo que plantean es que estos "sean responsables si no retiran contenidos ilegales en las plataformas que se les hayan notificados". Y recuerdan al respecto el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, que ya "obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos". "Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos", zanjan en este punto.

También responden a las afirmación que apuntan a que "los gobiernos dictarán lo que ves", reiterando que las medidas que plantean van encaminadas a "perseguir la utilización espuria de los datos de los usuarios por parte de las plataformas y el uso de manipulaciones algorítmicas para la difusión de contenido ilícito o desinformador".

Por último, el fundador de Telegram alertaba a sus usuarios de que "definiciones vagas de 'odio' podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas". Ante esto, las fuentes de Moncloa recalcan que las leyes españolas y europeas ya recogen los discursos de odio "desde hace tiempo" y que la intención del Gobierno es la de "desarrollar la capacidad técnica de medirlos en redes sociales, para poder detectarlos, perseguirlos y erradicarlos".