El Gabinete de Pedro Sánchez se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago le había preguntado por este caso. En su pregunta, Monago señalaba que “las informaciones sobre el rescate de Plus Ultra, incluyendo el uso del apoyo público para atender obligaciones financieras en jurisdicciones sensibles y la presencia de vínculos con el entorno del poder venezolano, proyectan un riesgo reputacional e institucional grave”.

Para este senador, “si fondos públicos terminaron facilitando operaciones vinculadas a actores investigados o a redes asociadas al régimen de Maduro, el Gobierno debe aclarar controles, diligencia debida, responsabilidades y eventuales fallos en la supervisión”. Por ello preguntaba al Ejecutivo, qué medidas ha adoptado “para reforzar los filtros de seguridad económica y prevención de blanqueo en ayudas públicas estratégicas, especialmente cuando existen riesgos de injerencia o corrupción transnacional”.

“APOYAR” LA REACTIVACIÓN

En la contestación, se afirma que “el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), instrumento que ha permitido mantener el empleo y la actividad de empresas que operan en sectores estratégicos y que recibieron el impacto de la crisis económica causada por la pandemia, sigue demostrando su utilidad, permitiendo que las empresas que recibieron este apoyo temporal hayan continuado con su actividad.

El Fasee fue creado por el artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que determina que forma parte del sector público estatal como fondo sin personalidad jurídica y será gestionado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el Consejo Gestor del Fasee.

Desde el Gabinete de Sánchez se añade que “la concesión o denegación de los apoyos con cargo al Fasee es fruto del análisis económico y jurídico que se realiza a lo largo de un procedimiento administrativo tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas, del impacto que han sufrido por la Covid y de los planes de viabilidad que han presentado, así como de sus perspectivas de evolución y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que van a recibir”.

SENADO Y CAUSA JUDICIAL

Una de las empresas que solicitó esta ayuda y terminó lográndola es la aerolínea Plus Ultra. A este respecto, el presidente de esta compañía, Julio Miguel Martínez Sola, aseguró este miércoles en el Senado que "no hubo trato de favor ni injerencias indebidas" en el rescate de 53 millones de euros que su empresa recibió en 2021 a cargo de un fondo de la SEPI y tras aprobarlo el Gobierno.

Sin embargo, un juez investiga si esta aerolínea pagó a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para convencer al Gobierno de que aprobara el rescate de esta compañía.

Además, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción investigan si parte del dinero de la SEPI se utilizó para pagar servicios a las sociedades de Julio Martínez Martínez y, de manera indirecta, alimentar la cadena de pagos hacia Zapatero. La Policía sitúa al dueño de Análisis Inteligente como presunto ‘testaferro’ del expresidente en operaciones conectadas con Venezuela y con la propia Plus Ultra.