Así lo manifestó en una entrevista en ‘La Hora’ de La 1, recogida por Servimedia, y en la que subrayó que espera que el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, “entre en vigor lo antes posible porque hemos visto como, desde la ley 15/1997 de José María Aznar, diferentes modalidades de privatización de nuestra sanidad han ido horadando uno de los derechos fundamentales como el derecho a la salud y tener una sanidad pública que no sea el caldo de cultivo de ninguna cuenta de resultados de una empresa”.

A este respecto, continuó, “hemos visto casos obscenos como el CEO de Ribera Salud diciendo que había que hacer rentables a los pacientes engrosando las listas de espera. Y lo mismo en Valencia con el caso de Alzira y casos obscenos diarios en Madrid con el grupo Quirón”.

Respecto a este último caso, la ministra destacó que “ayer mismo, Madrid le había perdonado 71 millones de euros de esa transferencia de pacientes que si es capaz de cobrar el grupo Quirón pero que la Comunidad de Madrid no es capaz de cobrar”.

COTO A LA PRIVATIZACIÓN

Por lo tanto, remarcó, “esta ley viene a poner coto a las ansias privatizadoras y especuladoras”. Ante la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díazx Ayuso, de recurrir esta norma y llevarla a los tribunales. Ante esta decisión, Mónica García aseguró que “los tribunales se la van a llevar a ella más pronto que tarde por toda esta malversación de fondos públicos con la sanidad pública madrileña”.

De hecho, insistió, “la Comunidad de Madrid se pasa más tiempo llevando a los tribunales leyes del Gobierno que gobernando realmente haciendo leyes para que funcionen sus servicios públicos”.

Por lo tanto, puntualizó Mónica García, “esta ley es de sentido común que no invalida otras modalidades de conciertos público-privados que son sanos y no tienen ánimo de lucro. En cambio, si hay modelos tóxicos como el del grupo Quirón y Ribera Salud”.

Con esta normativa, explicó que para que un hospital público pueda ser gestionado por una empresa privada, “debe demostrar que no lo puede hacer con fondos públicos y que una comunidad no tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de esa población o esa asistencia sanitaria”.

Además, “debe demostrar que esta gestión es sostenible y no lesiva para el sistema público. No hay que olvidar que está demostrado que la privatización de la sanidad tiene consecuencias en la salud, en la mortalidad, en las infecciones y en la baja calidad que se les ofrece a los pacientes”.