Así lo manifestó en una entrevista en ‘La hora de la 1’ de TVE recogida por Servimedia, en la que confirmó que la negociación del borrador del Estatuto Marco del personal estatutario sanitario “está en el punto final, en la que la mayoría de las reivindicaciones del colectivo sanitario están incorporadas en un texto que quiere enterrar la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad que sufren estos profesionales desde hace muchos años”.

Sin embargo, subrayó, “hay reivindicaciones inasumibles, como hacer un estatuto dirigido solo a médicos y médicas para tener la capacidad de negociar con las consejerías y esto es inasumible, porque no hay ningún partido ni ninguna comunidad que lo defienda”.

De hecho, “en el Estatuto Marco hay un capítulo específico para los médicos, por lo que esta reivindicación es inasumible y ellos lo saben. El Estatuto Marco que espero que se apruebe en 2026 viene a solucionar la gran mayoría de los problemas de precariedad e inestabilidad que han sufrido los compañeros en los últimos 20 años”.

COMUNIDAD DE MADRID

Ante la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de entregar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, la ministra aseguró que su departamento “ya ha iniciado un procedimiento que está en manos de la Abogacía del Estado que tendrá dos meses para decirle que en este país se cumple la ley”.

De hecho, continuó, “la Abogacía del Estado presentará un recurso contencioso-administrativo y tiene dos meses para decirle a Díaz Ayuso que en España se cumple la ley y que los derechos de las mujeres no se tocan”.

“Estos derechos son sagrados y también lo son las leyes, y esta especie de rebeldía de Díaz Ayuso contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra las mujeres y contra el Gobierno central habrá que ponerle freno”, insistió Mónica García.

El registro de objetores de conciencia al aborto es obligatorio por ley. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que ese registro ampara a aquellos objetores que quieren objetar porque en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud está la interrupción voluntaria del embarazo y la única manera de proteger los derechos de quienes no quieran realizarlo es que estén de manera activa y voluntaria en un registro para ejercer su derecho a la objeción”.

DERECHOS DE LAS MUJERES

“Esto no puede colisionar con el derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública, que es lo que Díaz Ayuso está intentando hacer”, remarcó la ministra. “No se trata de un enfrentamiento con el Gobierno central, sino con las mujeres. No se qué la pasa con las mujeres pero ha empezado una cruzada contra ellas sin sentido”.

Ante la negativa de la Comunidad de Madrid de entregar el registro de objetores, Mónica García recordó que “se hizo un requerimiento al Consejo de Gobierno para que cumpla la ley”. Sin embargo, aclaró que esta comunidad sí tiene un registro de objetores de conciencia con respecto a la ley de eutanasia.

No obstante, insistió la ministra, “esta no es la primera ley que Díaz Ayuso se salta, ya que también hay que recordar la de vivienda o la de Memoria Histórica. Esto no es un bufet donde hay leyes que se cumplen o no se cumplen, por lo que la presidenta de Madrid también está atacando al Estado de Derecho”.

Igualmente, la titular de Sanidad puntualizó que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular “registran más del 70% de los abortos en la sanidad pública a excepción de la Comunidad de Madrid y Andalucía, donde no llegan al 0,5% en la pública”.

CRIBADOS DE CÁNCER

En relación con los cribados de cáncer, García destacó que “las comunidades del Partido Popular, después de la negligencia del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, decidieron no darnos los datos. En cambio, la semana pasada entraron en razón y nos mandaran estos datos que son muy sencillos: invitación de la población diana, respuesta de esa población y casos positivos”.

Además de Andalucía, la ministra aseguró que “hace un par de semanas, la Comunidad de Madrid tuvo un problema a la hora de informar sobre cribados de cáncer de colon. De hecho, había 571 personas a las que se les mandó una carta por error en la que se les decía que no había resultados positivos mientras que su médico de Atención Primaria si les informaba que tenían que someterse a otras pruebas”.