Así lo expresó en la rueda de prensa posterior al Pleno del Cisns y en la que remarcó que “con este protocolo les decimos a las comunidades autónomas que, en cumplimiento de la normativa, ya no hay excusas para incumplir la ley. Este protocolo ha salido con consenso y estamos satisfechos”.

Este protocolo tiene como objetivo garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, al mismo tiempo que se asegura el acceso a la IVE en todo el territorio nacional.

Con este protocolo se creará un registro de personas objetoras de conciencia en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Este registro solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional.

Solo se incluirá en el registro al personal que interviene directamente en la IVE: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeros y matronas.

ACCESO AL REGISTRO

Del mismo modo, el acceso al registro estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para la IVE. Asimismo, los datos del registro no se compartirán entre comunidades autónomas y se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia.

El documento también contempla la posibilidad de objeción de conciencia total o parcial a la IVE, según los supuestos previstos en la Ley Orgánica 2/2010: Con la objeción total, el profesional sanitario se opone a participar en cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de las circunstancias. En la objeción parcial, el profesional sanitario se opone a participar en la IVE en algunos de los supuestos contemplados en la ley, pero no en todos.

El protocolo establece que el registro de objetores de conciencia debe incluir la modalidad a la que se objeta (total o parcial) y, en caso de objeción parcial, los supuestos específicos a los que se opone el profesional sanitario.

OCHO ACUERDOS

Además de la aprobación de crear este Registro de Personas Objetoras de Conciencia en la Interrupción Voluntaria del Embarazo y del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, el Cisns dio luz verde a otros ocho acuerdos.

Por ello, remarcó la ministra de Sanidad, “este es un auténtico ejemplo de coordinación, diálogo y trabajo conjunto para mejorar la salud de toda la ciudadanía. Además, nos hemos encontrado con un Partido Popular que ha entrado criticando y ha salido trabajando”.

Entre estos acuerdos destacan la aprobación del nuevo plan para combatir las resistencias antimicrobianas 2025-2027, el calendario de vacunación 2025 y la designación de nuevos centros de referencia (CSUR).

Respecto a Muface, uno de los puntos del orden del día, la titular de Sanidad insistió en que “las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública están negociando un nuevo contrato y como Ministerio de Sanidad no tenemos nada que decir al respecto. Sin embargo, si este contrato no se llevara a cabo nosotros nos pusimos a trabajar en un informe descriptivo sobre qué pasaría, por lo que desarrollamos un plan de contingencia que está en la web del ministerio pero no está en nuestra mano si ese convenio se firma o no”.