Montero expuso ante el Congreso el contenido del texto, que contempla modificaciones de la Ley General Tributaria, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la Ley de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, y en la ley del del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Todos estos cambios serán necesarios para cumplir con la transposición de la directiva europea, dirigida a una “mayor coordinación entre los países miembros para detectar situaciones de fraude, perseguirlo conjuntamente y obligar a los contribuyentes a que cumplan con sus obligaciones”.

Además, estas modificaciones permitirán embargar bienes y derechos en dinero electrónico y criptoactivos, por lo que es necesario actualizar el marco tributario y un desarrollo reglamentario posterior.

“La rápida evolución en los servicios bancarios, pagos, activos digitales y demás tecnologías innovadoras nos obligan en los últimos años a estar muy atentos a cuáles son los productos que aparecen en el mercado”, comentó Montero, al tiempo que defendió que esta norma, además de cumplir con los compromisos internacionales, también ofrecerá más transparencia fiscal sobre los criptoactivos a la Agencia Tributaria.

ENMIENDA DE VOX

Montero apeló al resto de formaciones de la Cámara Baja para que votaran en contra de la enmienda a la totalidad de devolución que presentó Vox y facilitarán la transposición de la DAC 8.

La ministra de Hacienda reprochó a Vox que siempre presenten enmiendas a la totalidad que parecen “preparadas de antemano”, independientemente del proyecto que se presente, “con los mismos argumentos faltones e incitando a que se vote en contra”.

También acusó a la formación de Santiago Abascal de ser los “grandes defensores de la desregulación de los mercados financieros” y, en esta ocasión, de los criptoactivos. Asimismo, les afeó que rechacen los compromisos y obligaciones que tiene España como país con otros organismos internacionales. “Tienen que elegir si están con los intereses de España o si quieren cargarse el orden multilateral”, espetó la ministra de Hacienda.

Montero avisó al PP de que su “principal socio” en España se dedica a “torpedear todo lo que tiene que ver con la Unión Europea (UE)”, mientras que el PP europeo respaldó esta directiva, por lo que pidió a la formación de Alberto Núñez Feijóo que sean “coherentes con lo que el PP ha votado en Europa”.

En lo que respecta a la enmienda presentada por Vox, Montero también lamentó que sus argumentos se centren más en criticar al Gobierno que en razonar por qué piden la devolución del texto.

“Les incomoda es que protejamos la libertad y los derechos de las mujeres, que tomemos medidas para mejorar la vida de la gente humilde. Siguen defendiendo una España caduca, proteccionista, que no se corresponde con la realidad actual”, dijo Montero a Vox.

Durante la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, el diputado de Vox José María Figaredo tampoco aludió al texto presentado por su partido, sino que habló de los casos de corrupción que salpican al PSOE.

También acusó al Gobierno de querer “sangrar a los españoles” y erigió a Vox como defensor “de los intereses de los trabajadores”. Además, Figaredo reprochó al Gobierno las prisas por transponer esta directiva mientras que siguen sin cumplir la referente a acabar con la temporalidad en el empleo público.

El diputado de Vox también avisó de que el PSOE tiene preparadas “enmiendas en tromba” para suplir la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

“SOSPECHOSAMENTE INOCUO”

Durante el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Santiago Rodríguez Serra reconoció que el proyecto de ley llevado por Hacienda al Congreso parecía “inocuo” y podría ser “fácilmente compartido” por su grupo, ya que “ni sube impuestos ni contiene cesiones inasumibles” con los socios de Gobierno.

No obstante, matizó que es “sospechosamente inocuo”, ya que esas medidas fiscales deberían acompañar a unos PGE, como “obliga la Constitución”, y porque no descartan que acabe convirtiéndose en un “zoco nocturno” en el que Montero hará promesas y “termine engañando a unos y a otros”.

“Si este proyecto de ley sigue su curso, tendremos la oportunidad de ver las dos cosas. No habrá presupuesto y habrá enmiendas para satisfacer a sus socios. Entonces, si saben contar, con el PP no cuenten”, avisó Rodríguez Serra.

Por su parte, Sumar adelantó que votará “en contra a la enmienda de la totalidad de vox” y a favor de un país en el que la Hacienda Pública pueda garantizar el bienestar de los ciudadanos.

El diputado Carlos Martín Urriza reconoció que el texto pretende “modernizar la ley tributaria” y precisó que “no es una subida de impuestos, sino un cambio legal” para adaptar la normativa española a la europea.

“Que quienes trafican, especulan e intercambian con criptoactivos también rindan cuentas y paguen impuestos. Si los trabajadores pagan impuestos por su nómina, ¿por qué no iba a hacerlo quien sentado desde Andorra gana millones moviendo tokens?”, recalcó.

Martín Urriza apuntó que el texto tiene margen de mejora y presentarán enmiendas. En este sentido, lamentó que el bitcoin haya quedado fuera y avisó de que su partido quiere que las ganancias de los criptoactivos tributen al tipo general y no al tipo del ahorro, como recoge el texto.

Martín Urriza cargó en su intervención contra el modelo fiscal que defienden PP y VOX, y apuntó que, pese al “infierno fiscal” que dibujan, la contribución fiscal de España “está 3,6 puntos PIB por debajo media eurozona”.

“Los impuestos son el precio que pagamos por la democracia, quien presume de no pagar impuestos está presumiendo de no creer en ella”, manifestó.

Desde el PSOE, la diputada Patricia Blanquer avanzó el rechazo a la enmienda de Vox y señaló que, con su texto, pretenden ser “cómplices de quienes ocultan su patrimonio al Fisco en el entorno digital”. “Con la ley, a algunos se les acaba la fiesta y por eso votaremos en contra de la enmienda de devolución”, expresó.

Blanquer aseguró que el debate no se centra solo en la transposición de una directiva europea, sino en “defender un sistema justo y eficaz” para conseguir una “Hacienda moderna y transparente” que garantice el Estado del bienestar.