“Se entiende que el final de la legislatura estará en el entorno del mes de diciembre y, por tanto, es de cortesía que cuando están tan cerca unas elecciones corresponde a un nuevo Ejecutivo”, dijo Montero al ser preguntada en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Servimedia, sobre si el año que viene se plantea impulsar unos nuevos PGE.

No obstante, la ministra señaló que tiene la “absoluta confianza” de que los ciudadanos “reconocerán” sus políticas y, “por tanto, seremos los responsables de volver a gobernar este país en los próximos cuatro años, pero por cortesía, hay que permitir que sea ese Gobierno entrante el que haga los presupuestos”.

La ministra presumió de haber logrado sacar adelante tres presupuestos consecutivos en esta legislatura, lo que afirmó que no ocurría desde hace diez años. Además, apuntó que da un mensaje de “absoluta estabilidad” a los mercados, lo que se demuestra con el anuncio de inversiones en España que, solo las últimas, generarán unos 100.000 puestos de trabajo.

Montero puso en valor la capacidad del Gobierno para llegar a acuerdos con “grupos políticos tan distintos” pero con la “guía común” del bienestar de los ciudadanos, situación que contrapuso con la posición del PP, a quien acusó de “negar el pan y la sal” a los españoles en una situación de crisis por oponerse a todo.

A su juicio, que el PP les acuse de ponerse de acuerdo con “los etarras” es “el recurso fácil de la derecha cuando pierde argumentos”, ya que “la democracia venció hace más de diez años” y “sacarlo a la luz es para meter miedo y para desacreditar al Gobierno”. Para Montero, la política del principal partido de la oposición ha sido “el no a todo”, porque lo que quería “es que se acabara la legislatura”.

Asimismo, auguró que el PP tendrá “consecuencias” en las urnas por no “cumplir con sus obligaciones constitucionales”, en referencia a que decidiera no pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por otra parte, la titular de Hacienda puso en valor el texto legal con los impuestos a la banca y las grandes eléctricas al que, según explicó, se ha tenido que incorporar una enmienda para cumplir con un dictamen de la Unión Europea. Ello, según Montero, supondrá únicamente que esta figura impositiva recaudará un 10% menos de lo previsto, lo que cifró en unos 400 millones de euros.

Sobre las críticas del Banco Central Europeo (BCE) al impuesto a la banca, Montero sostuvo que “el Gobierno tiene que proteger a la ciudadanía” y el BCE “a las entidades financieras”. Y, en esa situación, el Ejecutivo ha “conseguido un equilibrio lógico”, según Montero.