Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la Conferencia Internacional 'Los puentes de las mujeres. Propuestas desde el sur para el cambio global', organizada por la Fundación Mujeres por África, y en las que hizo valer la futura aprobación definitiva de la ley del ‘solo sí es sí’, gracias a la cual, dijo, “no se va a producir un nuevo caso como el de ‘La Manada’”.

En este punto, también recordó que la norma reconoce “por primera vez” en España a las mujeres víctimas de explotación sexual y también de trata con fines de explotación sexual como “una forma de violencia machista” y, por tanto, “reconoce todos sus derechos como victimas de violencia contra las mujeres".

Entre ellos, citó los de asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial especializado así como “todos los derechos económicos y el derecho a la reparación”. Esta ley, de la que ya se aprobó el dictamen "y, por tanto, saldrá adelante, es una ley histórica para las mujeres en nuestro país”, resumió.

“Por fin todas las violencias sexuales, también la explotación y la trata, van a ser consideradas como violencias contra las mujeres”, subrayó, para, a continuación, asegurar que la normativa también lanza “un mensaje al movimiento feminista y al conjunto de las mujeres”. “Y ese mensaje es que ‘solo sí es sí’ y ‘hermana, yo sí te creo’ se convierten en políticas de Estado”, abundó, para advertir de que, a partir de ahora, “ninguna mujer que sufra violencia sexual va a volver a estar sola”.

Además, reiteró que "ya no se va a poder producir el caso de la manada, no se va a poder distinguir entre abuso y agresión sexual y se van a garantizar todos los derechos de atención integral y también de reparación a todas las víctimas de violencia sexual”, apostilló.

Tras reiterar que la iniciativa del PSOE “sumará a los esfuerzos del Gobierno en el camino de abolir la prostitución”, defendió que la propuesta “no solamente tiene que ver” con la ‘ley del sólo sí es sí’, sino también con el trabajo que el Ejecutivo hace con las comunidades autónomas para “garantizar mecanismos” de acreditación de las victimas que no dependan de la denuncia y “que garanticen que esas mujeres, sean migrantes o en situación irregular, tienen acceso a cosas tan importantes como abrir una cuenta de pago para poder recibir las ayudas del Estado o acceder a una vivienda segura”.

“Eso es lo que nos piden los organismos internacionales, que las medidas no estén tan centradas en el Código Penal como en la garantía de la identificación de las víctimas y de derechos de las mujeres y en eso trabaja el Gobierno”, resolvió.