Así lo confirmó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde enmarcó en la normalidad que “situaciones de actualidad” como la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a los Países Bajos puedan coincidir con avances "en materia que ya venía trabajando el Ejecutivo”.

De hecho, la imposición de este impuesto mínimo se planteó por primera vez en 2021, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) logró consensuar un acuerdo entre 137 países para empezar a aplicarlo en los años posteriores.

Este nuevo tipo, que en Europa entrará en vigor en 2024, está enfocado sobre todo en los grandes grupos empresariales que trasladan sus matrices o filiales a paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos.

Por lo tanto, su relación con el movimiento de Ferrovial es mínima, ya que el Impuesto de Sociedades en Países Bajos es prácticamente idéntico y el Gobierno neerlandés debe también trasponer la directiva a su ordenamiento jurídico durante este año.

“Este elemento se venía trabajando por parte del Ejecutivo y ha coincidido con una noticia que ha sido criticada por el Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, que es la decisión de una empresa española, que se ha beneficiado tanto de los contratos públicos que en España se han licitado, decida marcharse justamente en este momento […]. Pero hay que desvincularlo”, zanjó Montero.

Asimismo, la ministra de Hacienda aprovechó la pregunta para volver a cargar contra la constructora, a la que afeó su deslocalización cuando debería tener “un plus patriótico” con España.