Así lo señaló la ministra en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Cádiz en el acto de colocación de la primera piedra de Incubazul, la nueva incubadora de alta tecnología de la Zona Franca de la ciudad andaluza, al ser preguntada por la multa de 203,6 millones de euros anunciada ayer jueves por la CNMC a seis grandes constructoras por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo de miles de licitaciones públicas de construcción de infraestructuras.

En concreto, las compañías son Acciona Construcción (multa de 29,4 millones de euros), Dragados (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr Construcción (16,7 millones).

Para la ministra se trata de una “mala noticia” el hecho de que se produjeran estas “prácticas empresariales fraudulentas que afectan a la competencia”, pero indicó su esperanza de que la multa “sea disuasoria para que en el futuro no se produzcan prácticas de este tipo”.

Asimismo, deseó que la multa impuesta por la CNMC sirva para “que los ciudadanos sepan” que “las administraciones públicas y la democracia” tienen “observatorios e instituciones reguladoras” con las que detectar y castigar este tipo de prácticas, garantizando con ello que las licitaciones públicas se desarrollen con “el menor coste” para los ciudadanos.