En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero precisó que se trata de una tasa, no de un impuesto, y, por tanto, debe “recoger el coste real de lo que implica desarrollar este servicio”.

Además, se trata de una transposición de una directiva europea, en el marco de la ley de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, con la gestión a cargo del órgano administrativo competente de cada país, que en el caso de España son los ayuntamientos.

Montero aseguró que el Gobierno ha mantenido reuniones con las corporaciones locales y ellas mismas han tratado de “compartir buenas prácticas” para tratar de homogeneizar el diseño de la tasa en los municipios de características similares.

No obstante, reconoció que existen realidades variadas y no se puede comparar el Ayuntamiento de Madrid con el de un “pueblecito de la sierra”, porque “el coste de su residuo es distinto y las tasas son distintas”.

A pesar de carecer de competencias, Hacienda ofreció “ir a bonificaciones”, que podían aplicarse en “cuestiones debidamente justificadas”.

Sin embargo, advirtió a las administraciones territoriales de que no pueden “recurrir permanentemente con reproches al Gobierno” cuando no encuentren consenso o no sepan cómo actuar.

“Si somos autónomos lo somos, si es una competencia municipal lo es. Otra cosa es que nosotros facilitamos los contactos, nuestra experiencia… Podemos hacer toda esa tarea, pero al final es la corporación local la que tiene que decidir cómo y de qué manera establece la cuenta en los requisitos que puso la ley”, subrayó.