Montero llevará a los consejeros autonómicos un planteamiento que eleva en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades autónomas de régimen común en 2027, que sumarán un total de 224.507 millones de euros.

Este CPFF solo será informativo, para exponer la propuesta a las comunidades autónomas, ya que el nuevo sistema de financiación todavía tiene un largo recorrido por delante hasta que pueda entrar en vigor en 2027, según el calendario de Montero.

La propuesta de Hacienda ya cuenta con el rechazo del PP y de algunas voces del PSOE, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para quien el nuevo sistema es “un atropello” que permite decidir a “los independentistas cómo se reparten la riqueza de España”.

OPOSICIÓN DEL PP

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, criticó que "un sistema de financiación autonómica negociado de forma bilateral con el independentismo catalán no puede ser bueno para el resto de España", ya que parte de un acuerdo del Gobierno con ERC.

También desde el PP, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, se opuso al nuevo modelo porque, a su juicio, sirve para “financiar la fiesta independentista” y “perjudica a los madrileños”.

No obstante, los responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos del PP asistirán a la cumbre para conocer los pormenores de la propuesta. No descartan, sin embargo, levantarse de la mesa cuando se vote la reforma –para lo que todavía no hay fecha– o en algún momento de la exposición de Montero.

“Primero vamos a sentarnos a escuchar y que nos expliquen el porqué de las cosas, y después decidiremos”, señala uno de los 14 consejeros del PP que se sentará con Montero al ser preguntado por este posible escenario.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha esperado a la cumbre para convocar a sus presidentes autonómicos en Zaragoza “para hacer frente de manera conjunta al agravio que representa” el modelo pactado por Sánchez y Junqueras. En su opinión, se trata de “corrupción política”. “No puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles”, dijo este sábado en La Coruña en una reunión a puerta cerrada en el marco de la XXVIII Interparlamentaria del PP.

"NO ES MALO PARA NADIE"

La posición de los populares no es nueva y Montero criticó que estén instalados en un debate de “agravio territorial”, en el que dan más importancia al pacto con formaciones nacionalistas que al contenido de los acuerdos, que pueden ser beneficiosos para todos.

En Cataluña, la propuesta contó con el aplauso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se mantuvo en la línea de que el nuevo modelo será bueno “para la España diversa”, y del líder de ERC, Oriol Junqueras, que coincidió en que “es bueno para todos” y “no es malo para nadie”.

Sin embargo, en Junts no compartieron la misma opinión y prometieron una enmienda a la totalidad “constructiva” al texto, al entender que “sigue en el régimen del café para todos” y que “no hay ninguna singularidad de modelo” para esta Cataluña, como dijo su vicepresidente de Junts, Antoni Castellà.

Montero aseguró el viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica “tiende al principio de ordinalidad”, que garantiza que las comunidades que más recursos aportan al sistema son las que más reciben.

La ministra aseguró que esa ordinalidad “se cumple para Cataluña, pero no en la totalidad del sistema”. No obstante, fuentes de Hacienda precisaron que la Comunidad de Madrid queda segunda en esta clasificación de ordinalidad.

LEJOS DEL 100% DEL IRPF DE ERC

El nuevo sistema de financiación servirá para “reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal”, como dijo la ministra de Hacienda, de forma que se garanticen los fondos necesarios para cada comunidad.

Con este nuevo planteamiento, las comunidades autónomas de régimen común pasarán a tener cedido el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, que supondrá un aumento estimado de 16.000 millones de euros en 2027. Con el modelo actual, la cesión es del 50% en ambos impuestos.

Ese 55% del IRPF se aleja de la exigencia del 100% que solicita ERC. La propia Montero reconoció que, por el momento, “no hay acuerdo” a ese respecto y siguen trabajando.

No obstante, avisó de que el IRPF es “un tema muy difícil” y admitió que no se ha llegado a una posición que permita decir que están “cerca de las propuestas que otros quieren hacer”.

Las comunidades autónomas tendrán el 100% de los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y tasas y el Impuesto sobre Electricidad.

Otra de las novedades es la inclusión en la cesta de impuestos del Impuestos de Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarias, Impuestos sobre Actividades de Juego e Impuestos sobre residuos en vertederos, incineración y coincineración.

Además, se mantiene el 58% de Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos.

NUEVOS AJUSTES

Hacienda recurrió al criterio de la población ajustada, con algunas mejoras metodológicas, para la elaboración de esta propuesta. Además, se introdujo una nueva variable específica para las comunidades que se enfrentan al problema de la despoblación.

El criterio de población ajustada quedó repartido con un peso del 30% para el padrón; un 38% para la población protegida; un 17% para la educación de habitantes entre 0 y 17 años; un 3,5% para la educación de habitantes entre 18 y 24 años y alumnos desplazados; así como un 7% por servicios sociales para mayores de 65 años, y otro 1,5% para servicios sociales para parados sin prestación.

La superficie pesará un 1,6%; la dispersión, un 0,5%; y la insularidad, un 0,5%. Además, se incorpora un 0,4% de costes fijos, “para reconocer la dificultad existente por el tamaño en algunas comunidades para alcanzar economía de escala”.

Hacienda introdujo después una nivelación horizontal del 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado.

De esta forma, las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos y aquellas que están por encima los aportarán.

Asimismo, el modelo contempla una nivelación vertical, con una aportación de 19.000 millones para reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad autónoma respecto a la que tiene más recursos, que es Madrid.

Los recursos que el Estado aporte a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en dos tercios la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos.

IVA PYMES Y FONDO CLIMÁTICO

Montero también presentará este miércoles a las comunidades autónomas el Mecanismo IVA Pymes, que se incluye en el nuevo sistema de financiación.

Esta novedad será de carácter voluntario para las regiones y les permitirá solicitar recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Para su cálculo, se utilizará la diferencia entre el peso relativo del IVA liquidado y el índice de consumo.

Hacienda entiende este mecanismo como un reconocimiento al esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y en el apoyo a las pymes.

El hecho de que una comunidad se acoja al IVA Pymes no afecta a la financiación ni a los ingresos del resto. No obstante, las que lo soliciten deberán aplicarlo durante los próximos cinco años.

La propuesta de financiación de Hacienda también contempla la realidad climática del país y, en concreto, la de las comunidades del Levante. Para ello, se creará un Fondo Climático, pensado para que las comunidades autónomas estén preparadas para las adversidades meteorológicas.

De los 1.000 millones, dos tercios se reparten con el criterio de población ajustada entre comunidades del litoral Mediterráneo y el tercio restante para las demás comunidades, también con el criterio de población ajustada.

El tercer elemento de los nuevos ajustes es el status quo, que servirá para que ninguna comunidad reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior.

Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración Central, que aportará a este fin unos 400 millones que beneficiarán, especialmente, a Cantabria y Extremadura.

El nuevo modelo establece que la financiación de las competencias no homogéneas, que dependen de los estatutos de autonomía, puedan proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma.

Este mecanismo también será opcional, por lo que si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneas a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE).

REPARTO POR COMUNIDADES

De esos 20.975 millones de euros más que proporcionará el nuevo sistema, Cataluña recibirá 4.686 millones más; Galicia, 587 millones; Andalucía, 4.846 millones; Asturias, 248 millones; La Rioja, 25 millones; Murcia, 1.188 millones; Comunidad Valenciana, 3.669 millones; Aragón, 629 millones; Castilla-La Mancha, 1.248 millones; Canarias, 611 millones; Baleares, 412 millones; Madrid, 2.555 millones de euros más; y Castilla y León, 271 millones de euros.

Por su parte, Cantabria y Extremadura se verán beneficiadas por la reformulación del Fondo de Compensación Territorial, para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del statu quo estén por debajo de la media de financiación por habitante ajustado. Por esta vía, Cantabria contará con 46 millones y Extremadura, con 216 millones.

SIGUIENTES PASOS

Tras el CPFF de este jueves, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales y técnicas con las comunidades autónomas y, después, pasará a la redacción del texto de la Ley Orgánica, que calcula tener listo en un par de meses.

El texto debe pasar en primera vuelta por el Consejo de Ministros, los trámites de audiencia pública, otro CPFF para votar el texto, el paso por segunda vuelta en el Consejo de Ministros y remitir, después, al Congreso.