“La senda de estabilidad es el primer paso de la elaboración presupuestaria, que permite saber con qué capacidad económica van a contar las diferentes administraciones”, explicó Montero la semana pasada. Hacienda y las comunidades autónomas acordarán hoy la senda de estabilidad, pero no el techo de gasto, una cuestión que no se trata en el CPFF.

Montero confía en que hoy se dé el visto bueno a la senda para llevarla al Consejo de Ministros de mañana. El Gobierno deberá aprobar tanto la senda como el techo de gasto y, después, enviar ambos al Congreso de los Diputados.

La idea es que la senda se tramite de forma urgente, y podría debatirse en el Parlamento la semana del 25 de noviembre. Sin embargo, el hecho de que llegue al Congreso no implica su aprobación y, además, es ahí donde empiezan las complicaciones para el Ejecutivo.

El arco parlamentario resulta desfavorable para el Gobierno, sobre todo después de la ruptura con Junts y de su amenaza de presentar enmiendas a la totalidad a cualquier iniciativa de Pedro Sánchez.

No obstante, el Ejecutivo tiene dos oportunidades para que el Congreso saque adelante la senda de estabilidad, ya que el techo de gasto no se vota. Si la tumban, los objetivos de déficit que operarán serán los del año anterior, “que son los que están vigentes”, como detalló la ministra el viernes.

Por el contrario, si la Cámara Baja aprueba la senda de estabilidad, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 y llevarlo a las Cortes.

Los últimos PGE que consiguió sacar adelante el Gobierno fueron los de 2023, elaborados en 2022, cuando la situación económica y geopolítica era distinta a la actual. Esas cuentas se prorrogaron tanto en 2024 como en 2025.

El año pasado, el Congreso tumbó la senda de estabilidad presentada en esa ocasión, que contemplaba que el déficit de todas las administraciones públicas sería del 2,5% para 2025, bajaría al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.

La administración central tendría un déficit del 2,2% en 2025, mientras que las comunidades autónomas podrían alcanzar un desfase del 0,1% y los ayuntamientos deberían cerrar con equilibrio presupuestario.

Para 2026 y 2027, las comunidades y los ayuntamientos mantendrían sus objetivos, mientras que la administración central bajaría su déficit al 1,8% y 1,5%, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se esperaba un déficit de dos décimas durante estos tres años.

En cuanto al techo de gasto, el Gobierno había establecido una cuantía de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos europeos.

Hacienda y las comunidades autónomas volverán a pactar esos objetivos de déficit en el CPFF de hoy, aunque hace unas semanas, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ya advirtió de que las autonomías “no parecen necesitar un objetivo (de déficit) mayor” al 0,1% presentado por Hacienda el año pasado, de cara a los PGE para 2026. La Airef también estará presente en el CPFF, pero carece de voto.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El orden del día del CPFF incluye un punto sobre financiación autonómica, para informar a las comunidades autónomas de los proyectos en los que trabaja Hacienda y “trasladar el estado actual de situación”, aunque sin profundizar en la cuestión, como apuntó Montero. El modelo de financiación autonómica, así como la condonación de la deuda, mantiene enfrentado al Ejecutivo con las comunidades gobernadas por el PP.

Al margen de la quita de deuda, Hacienda también trabaja en modificaciones del sistema, como la sustitución de las entregas a cuenta a las comunidades por pagos inmediatos, según avanzó a finales de octubre el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Este nuevo modelo implicaría modificar la ley para que las comunidades autónomas puedan contar, de forma casi inmediata, con los ingresos fiscales de tributos como el IRPF o el IVA.