Montoro se suma así a la petición y realizada por otros imputados en el caso tras el auto del juez Rubén Rus del pasado 16 de abril en el que rezaba inhibirse a favor de los juzgados madrileños. En la causa hay 27 imputados por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En esta causa s investiga si el despacho Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006, formó parte de una trama para impulsar reformas legales que favorecieran a determinadas empresas y sectores durante los gobiernos de Maria Rajoy a cambio de pagos millonarios.

En su recurso, la defensa de Montoro esgrime que la sede del Ministerio de Hacienda está en Madrid, al igual que las autoridades supuestamente implicadas, la sede de las Cortes que aprobaron las leyes bajo sospecha y el centro de trabajo de Equipo Económico, mientras que en ocho años de instrucción no ha aparecido ningún indicio que relacione los hechos con Tarragona. El instructor defiende que fue en el registro de una empresa en esa provincia donde se encontró el correo electrónico que dio lugar la investigación.

La defensa del exministro critica su imputación sin en que ocho años de instrucción se hayan encontrado “indicios” de una actuación criminal y destaca que cuando se inició la investigación, Montoro era aún ministro y no se tuvo en cuenta su condición de aforado, aunque lo cierto es que fue imputado cuando ya había abandonado el Gobierno.