Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, indicaron este viernes que el departamento que dirige la ministra Diana Morant ha interpuesto, a través de la Abogacía del Estado, un recurso contencioso-administrativo contra la orden firmada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades del gobierno de la Comunidad de Madrid, por la que se autoriza la citada medida. El recurso fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según las mismas fuentes, el propio nombre del centro adscrito "ya indica algo que no había sucedido nunca en nuestro sistema universitario, como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales en nuestro país".

Desde Universidades sostienen que "la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar". Porque, además, "la función de impartir docencia oficial no es la función de los colegios profesionales, como dice la ley", remarcaron desde el Ejecutivo central.

Según el ministerio de Morant el resultado de esta decisión "va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense".

Para el Gobierno central, la decisión adoptada por el equipo de Ayuso "sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados".

"Se abre de esta forma otra vía para desmantelar la universidad pública. Si esta decisión la toman otros colegios profesionales, significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales", agregaron desde el Ministerio.