Morant dijo en el Congreso de los Diputados que la desclasificación se ha efectuado conforme a la normativa vigente. Recordó que “la ley permite la desclasificación solo a partir de los 45 años” y precisó que el Ejecutivo tenía “dos opciones, seguir con los papeles clasificados o desclasificarlos”, ya que “no se tiene la obligación de desclasificar”.

La ministra defendió que el Ejecutivo optó por poner a disposición de la ciudadanía “todos los documentos que no arriesgan la seguridad nacional”, aunque matizó que no se han hecho públicos “aquellos documentos que todavía pueden ser percibidos como un tema de seguridad nacional”. En este sentido, subrayó que “la seguridad nacional está por encima de otros intereses” y que “siempre tiene que prevalecer”.

Explicó que el Gobierno “no conocía los documentos” antes de proceder a su desclasificación y sostuvo que el objetivo ha sido que “la ciudadanía tenga el resto de la información que no tenía ya” sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Asimismo, señaló que buena parte de la documentación histórica ya era conocida debido a que el 23-F “fue juzgado militarmente”, lo que permitió que existiera abundante información accesible para historiadores y periodistas.

Finalmente, la ministra confió en que la decisión no genere frustración y reiteró que, dentro de los márgenes legales y de seguridad, “es todo lo que había”.