Moratinos compareció en el Congreso de los Diputados para explicar, entre otros asuntos, el estado de relaciones bilaterales entre España y Venezuela.

Explicó el ministro que Venezuela es "un actor fundamental" en América Latina y que España defiende "no aislar" al presidente, Hugo Chávez. Eso no significa, precisó, ocultar la preocupación, por ejemplo, por vulneraciones de derechos fundamentales o restricciones impuestas a la sociedad civil.

Con esa premisa, defendió el diálogo como mejor método para contribuir al fortalecimiento de las instituciones venezolanas y a la consolidación de la democracia que exige, en opinión de España, una adecuada dialéctica entre el poder y la oposición.

Por ello, aseguró Moratinos que Chávez está "obligado" a abrir espacios de diálogo con la oposición, y que la oposición lo está a legitimar sus posiciones en las urnas, y también a hacer una "aportación más constructiva" a la actual coyuntura política.

Moratinos se refirió expresamente a los protocolos para la venta a Venezuela de cuatro patrulleras oceánicas, cuatro buques de vigilancia del litoral, diez aviones de transporte, otros diez de vigilancia marítima, además de dos buques asfalteros y del compromiso de reparar buques venezolanos en astilleros españoles.

El ministro insistió en que ese material es "susceptible de usos civiles e, incluso, humanitarios", y servirán para el control de las aguas territoriales en la lucha contra el narcotráfico.

Reiteró, en este sentido, que esa venta de material no altera el equilibrio estratégico militar de la región, especialmente con Colombia, porque su capacidad ofensiva es "muy reducida".

Defendió también la tesis ya repetida por el Gobierno de que esos contratos son de "gran interés" para las empresas españolas dedicadas a la fabricación de ese material, alguna de las cuales atraviesa una situación "de especial dificultad".

Moratinos dijo abiertamente que España no comparte la decisión de Estados Unidos de no autorizar la utilización de su equipamiento tecnológico, pero agregó que corresponde a las empresas ejecutar los contratos.

En todo caso, precisó, el Gobierno desea que los contratos lleguen "a buen término" y, por eso, "haremos lo que esté en nuestra mano para que así sea".

BOLIVIA Y LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Moratinos explicó que entre los ejes de la política española en América Latina está la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la defensa de los intereses de las empresas españolas para que tengan seguridad jurídica y garantías de respeto a los contratos firmados.

Aunque no habló específicamente de Bolivia y de la situación de Repsol, Moratinos dijo que la mejor salvaguarda de los intereses de las empresas españolas es el desarrollo y la prosperidad del país en el que están radicadas. Celebró por ello que las empreass sean conscientes "de su responsabilidad social" en estos países.

Sí habló específicamente de Bolivia al expresar el deseo de España de que la presencia de empresas españolas allí contribuya al objetivo del presidente Evo Morales de erradicar la pobreza y la exclusión en su país.

El Gobierno español, dijo, confía en que el proceso iniciado con la victoria de Evo Morales permita que los "ingentes" recursos energéticos de Bolivia se conviertan en un elemento para la prosperidad del país.