La investidura de Moreno salió adelante con los 68 ‘síes’ de PP y Vox, frente a los 51 ‘noes’ de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que criticaron la ausencia de debate parlamentario previo, que consideraron antidemocrático.

El primer elemento de calado pactado será el compromiso de aprobar los presupuestos de toda la legislatura. Es decir, no solo desbloquear la investidura de Moreno, sino vincular a PP y Vox a una hoja de ruta presupuestaria para los próximos cuatro ejercicios, en línea con los pactos ya firmados por María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.

A cambio, Moreno asumirá la “prioridad nacional”, el concepto que los de Abascal han logrado incorporar de forma progresiva a todos sus acuerdos autonómicos con el PP en este ciclo. La fórmula, siempre condicionada a la legalidad vigente, no se articula como una preferencia explícita por nacionalidad, sino a través de criterios como el arraigo, el empadronamiento prolongado, la vinculación laboral, familiar, económica o social con el territorio y la trayectoria de cotización.

Moreno se había resistido hasta ahora a asumir el concepto, que no la política, pero finalmente ha tenido que ceder y asumir una de las principales banderas de Vox, aunque es previsible que trate de rebajar su alcance político y jurídico con la coletilla de que todo se hará “con sujeción a la legislación vigente”.

La segunda concesión de Moreno es la entrada de Vox en el Gobierno, aunque se desconoce aún con qué responsabilidades. El presidente andaluz fue el primero en pactar con Vox tras las elecciones autonómicas de 2018, cuando necesitó sus votos para desalojar al PSOE de la Junta y abrir la primera etapa de Gobierno del PP en Andalucía. Siete años y varios acuerdos en otras comunidades después, será también el último barón popular en meter a Vox en su Ejecutivo autonómico tras perder la mayoría absoluta.