El informe publicado este lunes por la confederación destaca que el periodo medio de pago creció en el tercer trimestre en 0,7 días, hasta los 82, después de cuatro descensos interanuales, cuando el plazo máximo legal de pago establecido es de 60 días.

Este esfuerzo financiero de 2.700 millones por la deuda comercial es el mayor desde junio de 2009 y se produce pese a la restricción del crédito comercial derivada de la subida de los tipos de interés. De los 2.700 millones de gasto, 1.400 millones corresponden al esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los restantes 1.300 millones por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días.

DISPARIDAD TERRITORIAL

El plazo de pago cae en 11 autonomías, de modo que la brecha entre los periodos medios de pago autonómicos se eleva a los 41,3 días, el mayor diferencial en dos años y medio.

Las autonomías con un mayor periodo medio de pago son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 111 días. Del otro lado, Baleares es la comunidad española con menor periodo medio de pago, situándose en los 69,7 días, y Galicia es la autonomía con peor evolución, ya que encadena seis trimestres consecutivos de aumentos, hasta un total de 93,4 días.

Por tamaño empresarial, en el tercer trimestre, sólo se redujo el periodo de pago en las microempresas, mientras que en las pequeñas y medianas se registraron aumentos interanuales moderados. Las grandes empresas volvieron a anotar el mayor aumento de los periodos medios de pago, de 13 días, hasta los 87, siendo el segmento con mayor retraso.

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO

Desde Cepyme consideraron fundamental que el nuevo reglamento europeo de reducción de tiempos de pago salga adelante “lo antes posible, ya que las empresas ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros”.

La confederación valoró positivamente que se preste atención a este grave problema que sufren las pymes europeas y, en especial, las españolas, y que Bruselas haya dado prioridad a esta iniciativa. Cepyme informó de que está trasladando sus análisis y propuestas sobre el impacto de la morosidad en las pymes europeas, con el objetivo de “conseguir un efecto más favorable de este reglamento en la lucha contra esta lacra comercial”.

Cepyme subrayó que es importante "homogeneizar la normativa europea sobre morosidad de forma que las empresas de todos los Estados miembros compartan unas reglas de juego comunes que no penalicen su competitividad.”