"No se puede aceptar que un barco en peligro con 86 personas a bordo, a sólo 18 millas náuticas (33 kilómetros), a menos de 45 minutos de las costas libias, haya terminado con la muerte de 61 personas, entre ellas niños", denunció Virginia Mielgo, coordinadora de MSF a bordo del Geo Barents.

"Al entregar la responsabilidad de la gestión de sus fronteras a la Guardia Costera libia, que una vez más ha demostrado claramente su incapacidad para coordinar actividades seguras de búsqueda y rescate, los gobiernos europeos se han hecho cómplices de sus muertes", recalcó Mielgo.

Criticó que, a pesar de las alertas a las autoridades de salvamento italianas, maltesas y libias de la peligrosa situación, no fue hasta pasadas ocho horas cuando un buque mercante llegó la zona donde se encontraba la embarcación en apuros.

Denunció que además de la insuficiente capacidad estatal de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, la ausencia de buques de ONG en la zona aquella noche es el resultado de la temeraria y constante obstrucción de las labores civiles de búsqueda y rescate por parte de las autoridades italianas durante el último año.

Dos buques de ONG se encontraban en la zona donde se produjo el naufragio apenas dos días antes, pero se vieron obligados a navegar hacia puertos distantes al norte de Italia con menos de 40 personas rescatadas a bordo cada uno por orden de las autoridades italianas.

"Al ser enviados de nuevo a un puerto innecesariamente lejano como el de Génova con muy pocas personas a bordo, "nos vimos forzados a seguir impotentes cómo las alertas a las autoridades quedaban sin respuesta durante horas", indicaron.

"Aunque era evidente que la vida de la gente corría peligro inminente, no se hizo nada por asistirlas hasta que fue demasiado tarde", agregó Mielgo.