La lista de estos hoteles fue entregada el pasado fin de semana por un funcionario del ministerio al Sindicato Unificado de Policia (SUP), Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) y Unión Federal de Policía (UFP), con la intención, a juicio de ésts, de que fueran ellos los que se encargasen de procurar alojamiento a los funcionarios desplazados.

El lleno que sufren las instalaciones hoteleras de la capital en estos días ha originado que muchos de estos policías, que ya están instalados en pueblos de la periferia de Madrid, Toledo y Guadalajara, hayan tenido que dormir el pasado fin de semana en autocares o en el suelo del gimnasio del complejo policial existente en Moratalaz.

Los máximos responsables de las tres centrales acusaron hoy al inisterio de hacer dejación de responsabilidades por dejar en sus manos una operación que no les corresponde, como es la búsqueda de alojamiento a los funcionarios, y de dispensar a éstos un trato "inhumano" con respecto a los policías extranjeros que vienen a España.

Recordaron al respecto que el mismo día 19, fecha en que se conoció la designación de Madrid como sede de la conferencia, el ministerio se movilizó para conseguir plazas de hotel no sólo a los integrantes "políticos" de las delegaciones,sino también a los escoltas.

Pese a todo, los dirigentes de las tres organizaciones, que agrupan al 80 por ciento de los efectivos de las escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, se mostraron hoy convencidos de que la "profesionalidad" de los policías españoles garantizará la seguridad de la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo.

"Afortunadamente", dijo Pablo Torres, secretario de Organización del SUP, "hay mucha responsabilidad y estimamos que no saldrá en general mal la Conferencia de Pz".

Torres y los responsables sindicales que le sucedieron en el uso de la palabra agradecieron al pueblo de Madrid los cientos de llamadas que han recibido en las sedes de las centrales ofreciendo domicilios particulares para alojar a los 1.500 policías. No obstante, indicó que finalmente no ha sido necesario utilizar esta alternativa.

AMENAZA DE HUELGA

Por otro lado, los responsables de los sindicatos policiales reiteraron hoy que están esperando a la aprobación de los Presupuestos Generales el Estado 1992 para decidir si convocan medidas de presión más efectivas que las que están llevando a cabo, ante la situación "insostenible" en que se encuentra el colectivo.

La medida será, casi con toda seguridad, una huelga de celo encubierta (los policías no tienen reconocido el derecho de huelga), consistente en efectuar su trabajo a reglamento, lo cual ralentizará en gran medida determinadas operaciones, como, por ejemplo, el visado de pasaportes en fronteras.

Para ello existe, según reconoieron esta mañana, un "arma" publicitaria inmejorable, como es la celebración en España de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 y la Expo de Sevilla, que no se verán desprovistas de seguridad. No obstante, el resto de España sí puede notar los efectos de esa huelga.

En el análisis que hacen los sindicatos, las manifestaciones callejeras llevadas a cabo hasta ahora sólo han servido para que el ministerio incremente la "represión" disciplinaria, incoando expedientes a los activistas sindicales en la Polcía (800 de los 1.500 registrados en diez meses que va de 1991).

Estos, por su parte, no están dispuestos a seguir poniendo "las dos mejillas", según el secretario general de la UFP, Fernando Vázquez Romay, y quieren plantar cara al ministro Corcuera, al que piden que exija más dinero a Carlos Solchaga, con la misma valentía con que expedienta a policías. "A ver si tiene las mismas narices", dijo Vázquez Romay.

Vázquez Romay y Pablo Torres explicaron que, durante los dos últimos años, los policía no han logrado ninguna mejora económica y acusaron a Corcuera de "mentir bellacamente" ante el Parlamento, al anunciar que en 1991 repartiría entre los funcionarios 6.000 millones de pesetas en concepto de complemento de productividad (alrededor de 30.000 pesetas/año por funcionario).

Según los dirigentes sindicales, esta promesa es falsa, como se desprende de lo que les explicó el director general de la Policía, Carlos Conde Duque, en la reunión que mantuvieron con él el jueves de la semana pasada. onde Duque dijo que los 6.000 millones ofrecidos por Corcuera se reducirán a 2.100, aproximadamente, a causa de los recortes presupuestarios.