Múgica hizo esta sugerencia durante su comparecencia en la Comisión no Permanente sobre la Seguridad Vial y prevención de accidentes de Tráfico, en la que compareció a petición de CiU, PSOE y PP.

El Defensor del Pueblo dió a conocer a los diputados el informe que ha elaborado la institución tras abrir una investigación ante las numerosas quejas sobre la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico estaba dando a los accidentes de tráfico en todos sus ámbitos.

En este sentido, Enrique Múgica dijo que "determinados comportamientos imprudentes que merecen una grave reproche social son sacionados con simple falta, lo que ha generado un indignación y un malestar notable en los familiares y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico".

A su juicio, "toda imprudencia que se cometa con ocasión de la conducción de un vehículo tiene que ser merecedora de un reproche penal, aún cuando se haya producido la satisfacción indemnizatoria, que tenga en cuenta los elementos punitivos y preventivos de conductas semejantes en el futuro".

Por su parte, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luis Cava de Llano, profundizó en los expuesto por Múgica y reiteró la necesidad de promover las oportunas reformas legislativas a fin de que los hechos derivados de los accidentes de tráfico reciban en el Código Penal la sanción adeucada de su gravedad.

Para ello, añadió, es necesario que el Código Penal adecúe las penas en función de las circunstancias que aparezcan en cada caso, cuando la imprudencia es muy grave, grave o leve.

Asimismo, consideró necesario que el Ministerio Fiscal intervenga de oficio en esta clase de acciones delictivas y que se imparta formación los responsables de la Administración de Justicia que intervienen en el enjuiciamiento de estos delitos derivados de los accidentes de tráfico

Cava de Llano también abogó por que una parte de las multas recaudadas por esta clase de infracciones penales se destine obligatoriamente a la atención de víctimas y sus familiares, facilitándoles la asistencia médica y la ayuda económica que precisen como consecuencia de los accidentes de tráfico.

Finalmente, los diputados Pere Grau (CiU), Francisco Souvirón (PP) y Victorino Mayoral (PSOE) agradecieron al Defensor del citado informe y coincidieron en la necesidad de reformar el Código Penal para que los delitos consecuencias de los accidentes de tráfico no queden en la impunidad.