El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto, en el que contempla en su artículo 32, reservado a las becas y ayudas al estudio, la exoneración completa del pago de los precios públicos de la universidad para las víctimas de violencia de género, algo que no aparecía en los anteproyectos anteriores.

La presidenta de la entidad, Ada Santana, tras meses reivindicando el cumplimiento de este principio y la recuperación de este derecho en el anteproyecto de la LOSU, recordó que “aún hay comunidades autónomas” que incumplen con esta disposición legal fijada en una Ley Orgánica, y recalcó que “si desaparece este precepto de la Ley nos enfrentaríamos a un gran retroceso”.

Asimismo, aseguró que este anteproyecto “es una buena oportunidad” para unificar los criterios que aplican las diferentes comunidades en relación con la edad de acceso a este derecho, y solicitó que se fije en los 26 años la edad límite para que los hijos de las víctimas de violencia de género se puedan beneficiar de esta exoneración.