Como consecuencia, seis de los acusados eldieron la acción de la justicia tras quedar en libertad provisional. Los presuntos narcos habían permanecido en la cárcel los cuatro años del periodo máximo de reclusión preventiva, con lo que pudieron salir a la calle antes de que comenzara el juicio.

Barrero indicó a Servimedia que, a su juicio, el Gobierno "tiene que responsabilizarse de la falta de medios, tanto de carácter personal como material, que padece la administración de justicia", en lugar de "mirar hacia otro lado".

El responsable scialista señaló que el Gobierno del PP ha colocado en situación precaria a la Administración de Justicia por su "falta de inversión" y por su "obsesión por el déficit público".

Finalmente, criticó la actitud del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por no haber reclamado al fiscal del caso, Pablo Contreras, que velase por el cumplimiento de los plazos procesales.