En declaraciones a los medios de comunicación en San Fernando (Cádiz), Irene Montero explicó que se había acercado a los Astilleros de Navantia a conocer de primera mano la situación en la que se encuentran dos trabajadores que llevan cuatro días subidos a una grúa, “durmiendo en hierro sin una miserable esterilla”, para denunciar que la empresa les ha metido en una supuesta ‘lista negra’ que les impide acceder a trabajos en el sector.

“La empresa Navatia, una empresa de titularidad 100% pública, les ha cortado la luz, no pueden cargar los móviles, están completamente a oscuras desde que se va el sol”, lamentó Montero.

Para la eurodiputada resulta evidente que “no son condiciones ni mínimamente razonables para dos trabajadores que están ejerciendo sus derechos sindicales, que son derechos constitucionalmente reconocidos”.

En palabras de Montero, lo que reclaman los dos trabajadores es “que se acaben las listas negras”, algo que según dijo es vox populi para “todo el mundo que viva en la Bahía de Cádiz”.

“Básicamente consiste en que la empresa Navatia a través de sí misma o de las subcontratas impide que trabajen aquellas personas que han estado al frente o que han tomado posiciones relevantes en las luchas sindicales que nos permiten tener derechos a todos y a todas”, argumentó.

Sobre el veto a su acceso por parte de la empresa, Montero dijo que habían intentado entrar a ver a los dos trabajadores con arreglo a “nuestras funciones de observación”, como miembros del Parlamento Europeo.

En la entrada se les prohibió el acceso, por parte de la seguridad privada de la empresa “hablando en nombre del director de Navantia".

Por otra parte, lamentó que no haya nadie en la Junta de Andalucía o el Gobierno de España “que pueda levantar un teléfono para que se acabe con las listas negras”, y los dos sindicalistas “que han puesto la cara por los derechos de todas” puedan ser contratados.

Desde Podemos recalcaron que la empresa, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda y acusada por parte de los trabajadores de vulnerar sus derechos sindicales, impidió a Montero “ejercer su legítima labor de observación como representante pública en el Parlamento Europeo”.