De la Peña, que hizo estas declaraciones durante la clausura de unas jornadas de trabajo celebradas por la patronal de las empresas naviera, insistió en que Anave no se opone por principio a la apertura de los tráficos de cabotaje (tráfico marítimo de mercancías entre puertos españoles).

No obstante, precis que la liberalización debería causar el mínimo perjuicio a cada uno de los estados miembros de la CE, para lo que considera que deben establecerse salvaguardias y plazos transitorios, especialmente en los servicios regulares y tráficos con las islas, en el caso de España.

A su juicio, el Gobierno, en el plazo más breve posible, debe poner en marcha las medidas necesarias para potenciar la competitividad del sector, "aprovechando los plazos transitorios que, si no se establecieran con carácter general sería preciso reclamar específicamente para España".

Desde hace unos seis años, la CE debate la manera de liberalizar los tráficos marítimos. Recientemente la presidencia del Consejo, que actualmente ostenta Holanda, presentó una propuesta de reglamentos de liberalización que, según Anave, podría ser "extremadamente" negativa para los intereses españoles.

Las navieras españolas creen que en las negociaciones comunitarias sobre esta materia España puede jugar un papel conciliador entre las posicines extremas de Grecia y Francia, que mantienen las mayores reservas al proceso de liberalización, y Gran Bretaña y Dinamarca.

Para Anave, la normativa española de acceso a los servicios regulares podría ser un modelo a seguir en el diseño de un marco legal comunitario para el sector.

La flota española está compuesta actualmente por un total de 394 buques, de los que 220 se dedican principalmente al tráfico de cabotaje. Estos 220 buques emplean a cerca de 10.000 personas, de las 7.500 son tripulates y 2.500 empleados en tierra.

En España, anualmente se transportan en tráficos de cabotaje unos 33,5 millones de toneladas. De ellas, unos 18 millones corresponden a graneles líquidos (especialmente productos petrolíferos refinados), 6 millones a graneles secos (cemento, carbón y mineral de hierro) y los 9 millones restantes a carga general transportada principalmente en líneas regulares.

Con estas cifras, España ocupa el tercer lugar en la CE en cuanto a demanda de transporte marítimo de caboaje, por detrás de Gran Bretaña e Italia.