Además, puso de manifiesto la voluntad expresa de iniciar acciones judiciales contra los anteriores gestores "en el caso de que se demuestre que en operaciones concretas en las que se han lesionado los intereses de la compañía desde un punto de vista técnico o contable pudieran existir también responsabilidades administrativas o penales".

Sin embargo, De la Puente no es partidario de ejercer la acción social de responsabiidad, aunque no descarta que alguno de los accionistas la solicite durante la junta. En el caso de La Unión y el Fénix, de la Puente, que indicó que "le he dedicado mucho tiempo a pensar en esta cuestión", considera que podría ser "demagógica" una acción de este estilo, que además resultaría difícil que prosperase.

"Debe tenerse en cuenta que entre los anteriores consejeros había algunos que protestaron por la gestión y otros que no se enteraban de la gestión", indicó. Por otra parte, en el anterior cnsejo había representantes de AGF y "sería contradictorio ejercer la acción social contra ellos".

En sus declaraciones a Servimedia, Alberto de la Puente afirmó que los males de La Unión y el Fénix se originaron en los años 60, por una mala gestión del ramo de automóvil, "que se convirtió en un cáncer", y la pérdida de la propiedad de las primas. "Unas pérdidas de 40.000 millones no se improvisan", señaló.

CONVULSION CON LA LLEGADA DE CONDE

Sin embargo, reconoció que la llegada de Conde y Abell produjo en la compañía una auténtica "convulsión" desde el punto de vista de la gerencia, y una intensificación de la dependencia de la compañía aseguradora respecto a su matriz Banesto.

Aunque valoró positivamente los intentos de los hombres de Conde en La Unión y el Fénix por recuperar la propiedad de la cartera de primas y la segregación del negocio de automóviles en una compañía distinta como Fénix Autos, matizó que fueron decisiones "precipitadas" dado el momento en el que se encontraba la compaía y la falta de rentabilidad de sus inversiones.

De la Puente reconoció a Servimedia que "especialmente en 1990 y 1991 se intensificaron las inversiones no típicas y especulativas de La Unión y el Fénix".

La situación de La Unión y el Fénix en el momento previo a la intervención de la Dirección General de Seguros, a finales del pasado año, era de disolución. "Esto es algo objetivo", dijo, "puesto que la ley establece como causa de disolución el haberse comido la mitad del capital. Nosotros tenems 5.000 millones de capital y unas reservas libres de 17.000 millones, con lo que unas pérdidas de 40.000 millones doblan el capital".

A pesar de todo ello, el actual presidente señaló que según los planes que existen, la aseguradora podría estar en beneficios "en 1996 y más probablemente en 1997".

De la Puente reconoció que cuando los nuevos propietarios, AGF, que poseerán el 70 por cien de la compañía, asuman plenamente la gestión tras la junta del 25 de junio, "se producirán ajustes de plantila", si bien indicó que no se trata de un plan preestablecido y que dependerá de la evolución que siga la compañía. "Si aumenta la producción de primas, el ajuste será más suave", afirmó.