Así lo trasladó a Servimedia el representante legal de Noche Madrid en este asunto, Hervé Bernal, quien explicó que los aforos de los establecimientos se están midiendo con "normativas antiguas y desfasadas" aunque tendrían que otorgarse con "la normativa de seguridad vigente".

Relató que el Consistorio aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana por el que se podían adecuar los aforos, aunque finalmente estas adecuaciones se bloquearon por el establecimiento de las Zonas Protección Acústica Especial (ZPAE). Lo que ha conducido a que los locales tengan aforos que a juicio de la patronal “no son reales”.

Señaló que hasta el año pasado había una instrucción vigente que regulaba el aforo a partir de la capacidad de evacuación de cada local, que es la cantidad de personas que cada establecimiento puede evacuar de forma segura y que se calcula sobre el código técnico de edificación.

No obstante, explicó que tras la derogación de esa instrucción el “aforo de riesgo” se calcula ahora sin tener en cuenta esa capacidad de evacuación, y que el hecho de que no exista una instrucción ha generado un contexto en el que “cada técnico interpreta” la norma y se puede producir “arbitrariedad” en la aplicación de la misma.

Por otra parte, aseguró que a pesar de que el Ayuntamiento tiene publicados los criterios del régimen sancionador, que son de “obligado cumplimiento” para la administración pública, es la propia administración municipal la que “se niega a aplicarlo”. Precisamente el régimen contempla tres escenarios de exceso de aforo dependiendo del riesgo para la seguridad. Sin embargo, lo que critican es que no se les deje adecuar el aforo a las posibilidades reales y que sin “generar ningún riesgo”, que es lo que la norma establece como infracción, se imponga sanciones como el reciente precinto del Teatro Barceló.

Por tanto, piden que se desbloqueen las ampliaciones de aforo; que se apruebe una instrucción, y que los criterios del Ayuntamiento realmente se apliquen sin dejar hueco a la “arbitrariedad”. Estos cambios según Bernal, no requerirían de llevar el asunto al Pleno o de un cambio normativo porque se están “bloqueando a través de interpretaciones”.