Según informaron este martes, ambas entidades alertan de que los incendios representan una amenaza creciente para el patrimonio natural, la actividad económica del medio rural y la seguridad de las personas, en un contexto marcado por el aumento de los episodios de calor extremo y sequía.

El documento recoge diez medidas orientadas a reducir los riesgos de incendio, entre ellas evitar conductas que puedan provocar igniciones, respetar las restricciones sobre el uso del fuego, comunicar de forma inmediata cualquier conato y mantener limpias parcelas y entornos habitados.

Asimismo, recomienda a agricultores, ganaderos y propietarios forestales extremar las precauciones en el uso de maquinaria, gestionar adecuadamente los restos vegetales, adaptar los trabajos a las condiciones meteorológicas y mantener franjas de seguridad entre explotaciones y terrenos forestales.

La declaración también destaca el papel del pastoreo extensivo como herramienta de gestión del territorio para reducir la biomasa combustible y limitar la propagación de los incendios. Además de estas recomendaciones, ambas organizaciones se comprometen a intercambiar información y coordinar actuaciones en situaciones de emergencia para optimizar recursos y mejorar la respuesta ante incendios.

Por su parte, el Notariado prevé habilitar colegios notariales y notarías para facilitar actuaciones dirigidas a paliar los daños personales y patrimoniales de los afectados, así como prestar asesoramiento y apoyo en la recuperación de documentación pública.