La defensa de González Amador insiste en su escrito en que no existe deuda tributaria alguna en los ejercicios fiscales de los años 2020 y 2021 y en que las facturas en las que se apoyan los gastos no son falsas. En esta causa, el empresario se enfrenta a una petición de tres años y nueve meses de prisión y multa de 448.927 euros de la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda pública en los ejercicios 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Su defensa pide la nulidad del proceso, al entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la defensa y la presunción de inocencia por la filtración de datos relativos al caso hecha, según la sentencia, por el entonces fiscal general del Estado o alguien de su entorno que es, según el escrito, “la antítesis del procedimiento penal justo".

Insiste en su escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en que sus derechos han sido vulnerado "por todos los miembros y autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada", incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le llamó “delincuente confeso”.

Finalmente, el abogado de González Amador defiende que los hechos que se le impuran “no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular, PSOE/Mas Madrid".