El abogado del empresario ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que confirmó su procesamiento por “claros indicios” de haber usado facturas falsas para defraudar más de 350.000 euros a la Hacienda pública.

La Fiscalía pide para él tres años y nueve meses de cárcel. La defensa de González Amador basa su recurso en la negativa de la jueza a practicar ciertas diligencias en autos dictados en los pasado meses de mayo y julio. A su entender, se podrían haber violado los “derechos fundamentales” del empresario al no haberse aceptado ninguna de las instrucciones pedidas por la defensa.

Por ese motivo, González Amador reitera su petición para que se tome declaración a dos nuevos testigos y se incorpore un informe pericial tributario elaborado por la defensa, con lo que pretende ir a juicio.