Así lo manifestó este Foro en un comunicado, en el que explicó que también ha planteado alegaciones conjuntas compartidas por todos los titulares de las centrales nucleares españolas al Proyecto de Real Decreto por el que se pretende modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares españolas.

El Foro Nuclear ya trasladó en enero que el nuevo PGRR suponía un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas. “En ningún caso, estos extra-costes deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que aportan anualmente al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros”, indicó.

Además, señaló que el coste superior de este nuevo Plan supone un “cambio sustancial” de las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo de Protocolo de Intenciones de 2019 con respecto a la Tasa Enresa, que ahora se pretende incrementar en un 40% a través del Proyecto de Real Decreto anteriormente citado.

Ante esta situación, el Foro Nuclear reclama en sus alegaciones mayor información económica que justifique este incremento, así como la eliminación de los extracostes derivados del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que no son imputables a las centrales nucleares.

Asimismo, considera “procedente excluir de los costes del Fondo de Enresa el importe del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, así como la reasignación al Fondo de Enresa de la recaudación de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.

Del mismo modo, el Foro Nuclear avisa de que las centrales nucleares españolas están “sometidas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza” el funcionamiento y la gestión de las mismas. Al hilo, añade que “cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento”.

Por todo ello, el sector nuclear pide una mesa de diálogo con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares en el ámbito del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).