Fuentes próximas al jefe del Ejecutivo advirtieron a Servimedia de que la propuesta para que el PSOE lleve a la Fiscalía las situaciones de acoso protagonizadas por Salazar podría volverse fácilmente en contra del partido porque “al primero que llamarían sería al presidente” por su doble cargo en La Moncloa y en Ferraz.

Por eso, juzgan que sería un error llevar el asunto a los tribunales dado que estos hechos sucedieron en La Moncloa y “ya tenemos bastante con los casos judiciales que afectan al partido”, en relación a la ‘Operación Delorme’ o el ‘caso mascarillas’, donde están implicados los dos ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La mayoría de los altos cargos socialistas consultados por Servimedia señalan a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, como la persona que en un principio elevó esta propuesta en la reunión telemática que mantuvieron los responsables de Igualdad con Ferraz la semana pasada para expresar sus quejas acerca de este caso.

Desde Ferraz se intentaron calmar los ánimos sin éxito porque gran parte de los participantes continuaron quejándose de que en esa misma reunión se les cortó la palabra y no se atendió a lo que se pidió. Desde el partido emplazan ahora a otra reunión presencial esta semana en Ferraz.

El presidente del Gobierno asumió errores “en primera persona” este sábado, en una conversación informal con los periodistas en el Congreso con motivo del 47º Aniversario de la Constitución, señalando que asumía la "responsabilidad" en cuanto a "la velocidad e interlocución con las víctimas".

El jefe del Ejecutivo dejó en manos de las denunciantes llevar el caso a la Fiscalía y recalcó que el PSOE "apoyará" lo que decidan las víctimas en cuanto a elevar sus denuncias a la Fiscalía.

De hecho, el apartado 1 del artículo 191 de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual señala que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".

ATAJAR EL CASO CON “HECHOS”

Sánchez, tras conocer con mayor detalle el caso, actuó este domingo con “hechos”, tal y como califican fuentes de La Moncloa el cese anunciado por 'elDiario.es' de Antonio Hernández, quien fuera subordinado de Paco Salazar.

En este caso, la vicepresidenta María Jesús Montero y el director de gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, realizaron esta operación, de la que también estaban enteradas la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Montse Mínguez.

Así, desde el Gobierno llamaron el domingo a Hernández para comunicarle la noticia y explicarle que su nombre figura en más de una denuncia presentada en Ferraz como presunto encubridor de los supuestos comportamientos de Salazar. Fuentes socialistas aseguraron a Servimedia que el presidente “no tenía conocimiento de estos hechos” y “en cuanto lo supo actuó”. Se trata de atajar de raíz este caso, como también se hizo pidiéndole el acta de diputado al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, antes de que se decretase su actual prisión preventiva, esgrimen estas fuentes.

En estos momentos, nadie descarta que se realicen más ceses conforme avance la investigación, pero llaman a “esperar” a que “la comisión independiente” del partido resuelva este caso y presente el informe “más pronto que tarde”. Con este paso, fuentes del Gobierno asumen que “se están haciendo cosas al respecto” para calmar los ánimos en el partido y también de cara a la próxima reunión con los responsables de Igualdad. Asimismo, pretenden evitar que el partido presente este asunto en Fiscalía, tal y como defiende Sánchez. “Son las denunciantes las que tienen que decidir si lo presentan o no”, señalaron.

Pese a que inicialmente y sobre este asunto también hubo división dentro del propio Ejecutivo, un alto cargo de La Moncloa defendió el sábado en un corrillo informal con periodistas que, después de que el partido presente el informe, el asunto debería ir directamente “a la Fiscalía”.

Sin embargo, los más acérrimos a Sánchez ven esto como “fuego amigo” y recuerdan que tras la entrada en prisión de Cerdán ya hubo conversación entre algunos dirigentes sobre si era el momento de un relevo en el PSOE, en alusión a mover la silla a Sánchez. Posteriormente, el presidente del Gobierno dejó claro que volverá a presentar su candidatura a las elecciones de 2027 y ahora comentan que “es curioso” que esta propuesta coincida con el encarcelamiento de Ábalos.