Este decreto, que traslada a la legislación española la directiva comunitaria de 1980 sobre emisiones de gases contaminantes por parte de las GIC, regula las emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX) y partículas procedentes de estas instalaciones (con potencia térmica igual o superior a 50 Mw).

La ueva normativa establece límites de emisión individualmente para cada nueva instalación de combustión que se autorice a partir de la entrada en vigor del decreto aprobado hoy, además de regular las turbinas de gas (centrales de ciclo combinado) y la inclusión de la biomasa entre los combustibles regulados.

Tras la aprobación de este decreto, según informó hoy el Gobierno, será preciso elaborar un Plan Nacional de Reducción de Emisiones para las instalaciones de combustión existentes (autorizadas con aterioridad a julio de 1987), que se aplicará a partir del 1 de enero de 2008.

El Ejecutivo asegura que con este plan se conseguirán importantes reducciones de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas. Las instalaciones más afectadas serán las del sector de generación eléctrica y, en menor medida, las del sector de refino de petróleo y grandes instalaciones de combustión del resto de los sectores industriales.

El decreto aprobado hoy fija, además, nuevas condiciones a ls emisiones de gases procedentes de ciertas instalaciones del sector de refino de petróleo, modificando el decreto de 1975, que, según el Ejecutivo, se ha quedado obsoleto, dada la transformación que han sufrido las refinerías para cumplir con las nuevas exigencias de calidad de los productos petrolíferos y para acomodarse a la legislación europea para ese tipo de instalaciones.