Según este sondeo, el 46% de los autónomos afirma utilizar medidas de prevención de forma frecuente o constante en su trabajo diario, lo que demuestra una conciencia creciente sobre los riesgos asociados a su actividad.

Sin embargo, esta implicación individual no se ve acompañada por un sistema estructurado que garantice condiciones de seguridad equivalentes a las del trabajo por cuenta ajena. La identificación de riesgos tampoco es plena: un 35% considera que no están suficientemente definidos, lo que evidencia lagunas en el acceso a información y herramientas.

“Lo que nos dicen los datos es muy claro, las y los autónomos se cuidan solos porque no tienen otra opción”, afirmó la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, quien denunció: “No puede ser que la prevención dependa de la voluntad individual, sin apoyo público; lo que tenemos es un sistema débil que deja a miles de personas expuestas”.

Esta asociación explica también en su estudio que esta falta de cobertura institucional se traduce también en desigualdades dentro del propio colectivo. Las actividades con mayor exposición a riesgos físicos (como la construcción, el transporte o determinados servicios personales) son, a su vez, las que menos recursos tienen para implementar sistemas preventivos adecuados.

“En muchos casos, la prevención queda reducida a decisiones individuales, condicionadas por la disponibilidad económica o el acceso a formación específica, lo que refuerza un modelo fragmentado e ineficiente”, avisa Uatae.

Al hilo, señala que, mientras que las empresas cuentan con marcos regulatorios claros, servicios de prevención y obligaciones bien definidas, los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a un “vacío normativo” que dificulta tanto la prevención como la actuación en caso de accidente o enfermedad profesional. “Esta desprotección no solo afecta a su salud, sino que tiene un impacto directo en la sostenibilidad de sus actividades económicas”, abunda.

En este escenario, reclama el desarrollo de políticas públicas específicas, el refuerzo de los sistemas de asesoramiento y formación, y la creación de mecanismos que garanticen el acceso a recursos preventivos independientemente del tamaño o sector de actividad.