Fuentes policiales informaron hoy a Servimedia de que tres de los arrestos se produjeron este lunes y seis este martes.

La operación, que se realiza dentro de la causa que se instruye en un sumario de Melilla sobre estos hechos, trata de determinar si para el 28-M se habrían comprado miles de votos con el fin de alterar el resultado de los comicios.

El Ministerio del Interior informó el pasado jueves de que, hasta ese día, habían solicitado emitir el sufragio a distancia en esta ciudad autónoma más de 11.000 personas. En 2019 votaron por este procedimiento 4.210 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

“USO FRAUDULENTO”

Interior añadió que, a finales de la semana pasada, de las 11.000 peticiones de voto por correo sólo se había completado un 7,8% de las mismas. Esta caída de las entregas de los sobres con las papeletas coincidió con la exigencia de la Junta Electoral Central (JEC) de demandar el DNI no sólo para pedir el sufragio a distancia, sino también al entregar la documentación para ejercer el derecho al sufragio.

En este sentido, la JEC emitió el jueves pasado una resolución en la que se refería a la “gravedad” de lo que está sucediendo en Melilla y de que se pueda estar haciendo un “uso fraudulento” del sufragio a distancia.

La JEC confirmó el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Melilla del 17 de mayo, en el sentido de que debe exigirse el DNI, el pasaporte u otro documento de identificación válido a quien vaya a entregar su voto por correo en esta ciudad española.

Además, la autoridad electoral nacional acordó que esta identificación personal se demande también en el resto de las oficinas de Correos de España cuando se trate de documentación electoral dirigida a alguna de las mesas electorales de Melilla.