De esta manera, según Renfe, las principales empresas de transporte regular por carretera han mostrado su absoluto respaldo al proceso de licitación.

Además, destaca que las nueve empresas suman más del 75% de la demanda operada mediante medios privados en España, tanto en transporte regular como discrecional. “Este hecho evidencia un respaldo mayoritario del mercado con capacidad real para prestar este tipo de servicios”, valora Renfe.

Asimismo, la operadora defiende que el diseño del modelo de la empresa participada tiene también como fin preservar la capilaridad territorial y la participación de operadores locales en este tipo de servicios urgentes e imprevisibles.

Estos servicios representan hoy en día el 15% del importe del futuro contrato y según Renfe para su ejecución seguirá siendo necesaria la intervención de empresas locales y de menor tamaño mediante subcontratación, como ocurre actualmente.

En este sentido, Renfe manifiesta su plena seguridad en la solidez del procedimiento de licitación de la nueva sociedad de autobuses, cuyo fin es reforzar los Planes Alternativos de Transporte (PAT), frente a la suspensión por parte del Tribunal Administrativo Central, que analizará y resolverá las impugnaciones presentadas por las patronales Anetra, Fenadismer y Direbus.

Por otro lado, recuerda que la suspensión tiene carácter estrictamente cautelar, en el marco de la tramitación de las impugnaciones presentadas y confía en que esta medida cautelar no afectará al desarrollo del proceso de licitación, diseñado conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades.

Por último, subraya que el impacto de la licitación sobre el conjunto del sector es muy limitado porque el futuro contrato se sitúa en un gasto máximo en torno a 60 millones de euros anuales, frente a un mercado del transporte de viajeros por carretera estimado en 4.000 millones.