Impulsa Igualdad, organización representativa de las personas con discapacidad, emitió una valoración crítica del nuevo Plan Estatal de Vivienda y señaló que, pese a algunos avances parciales, el texto aprobado no asume la dimensión estructural de la exclusión residencial que afecta a este colectivo.

Así, exigió al Gobierno que abra un proceso de diálogo real con las entidades representativas del sector para incorporar una perspectiva de igualdad efectiva en el desarrollo y ejecución del Plan," con indicadores propios, financiación diferenciada y un marco normativo que sitúe la accesibilidad universal como un derecho y no como una opción".

Esta entidad subrayó que la falta de una interlocución real con las organizaciones del sector ha derivado en un cambio de enfoque “absolutamente insuficiente”, al no incorporar de forma efectiva las demandas trasladadas por las entidades a través de los cauces reglamentarios.

El principal reproche de Impulsa Igualdad se centra en el enfoque del Plan, que continúa integrando la accesibilidad dentro del bloque de rehabilitación, junto a actuaciones de conservación, habitabilidad o eficiencia energética, en lugar de reconocerla como una condición básica del derecho a la vivienda y de la igualdad de oportunidades. “No es lo mismo una obra de mejora energética que una intervención sin la cual una persona no puede entrar en su casa, usar un baño o vivir fuera de un recurso institucional”, señaló la organización.

MÁS OFERTA DE VIVIENDA ACCESIBLE

Entre los déficits concretos identificados, Impulsa Igualdad destacó, en primer lugar, la ausencia de la mirada del colectivo, ya que las observaciones presentadas han tenido un reflejo mínimo en el texto final y "no se han traducido en una política de vivienda verdaderamente pensada desde la igualdad". Asimismo, denunció la "falta de una política decidida para incrementar la oferta de vivienda accesible", al considerar que el Plan sigue apostando por adaptaciones puntuales en lugar de abordar una transformación estructural del parque residencial y de los modelos de vivienda con apoyos".

Otro de los elementos señalados es la ausencia de indicadores de impacto específicos que permitan medir cuántas viviendas dejan de ser inaccesibles o cuántas personas ganan autonomía, lo que, a su juicio, provocará que la accesibilidad vuelva a quedar diluida en objetivos generales.

OBSTÁCULOS FISCALES

A ello se suma el mantenimiento de obstáculos fiscales, ya que "determinadas ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad continúan computando como incremento de renta, lo que perjudica directamente a quienes deberían ser los principales beneficiarios de estas políticas públicas".

“La vivienda accesible no puede seguir tratándose como una mejora técnica equiparable a cualquier otra intervención. Para miles de personas con discapacidad, es la diferencia entre vivir con autonomía o quedar atrapadas en la dependencia, el aislamiento y la exclusión”, subrayó la entidad.